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Quito, 4 jul (EFE). – El Gobierno de Ecuador envió «notas formales de protesta» a Bolivia y Venezuela, después de que los mandatarios Evo Morales y Nicolás Maduro criticaran el pedido de captura y prisión preventiva del expresidente Rafael Correa, supuestamente implicado en el secuestro de un exlegislador.
En una declaración de prensa, el canciller ecuatoriano, José Valencia, anunció que se presentaron «notas formales de protesta» y se convocó a la Cancillería a los embajadores de Venezuela y Bolivia en Quito para que expliquen las declaraciones de sus presidentes.
Asimismo, dijo que se pidió que el embajador de Ecuador en Bolivia regrese al país para tratar el tema y se suspendió el traslado a Venezuela del nuevo delegado diplomático en ese país.
El presidente de Bolivia, en su cuenta de Twitter, rechazó la solicitud de prisión preventiva contra Correa, denunció una supuesta «politización de la justicia» y la presunta injerencia de Estados Unidos en la acción legal.
«Rechazamos solicitud de la Fiscalía de Ecuador de prisión preventiva contra el expresidente de ese país, Hno. Mashi Rafael. Denunciamos politización de la justicia ecuatoriana e injerencia de EEUU en intención de encarcelar a un inocente. Estamos contigo Hno. Correa ¡Venceremos!», escribió Morales.
También el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, opinó que detrás de la acción judicial contra Correa hay una «persecución», que se extiende a otros líderes progresistas de la región como los exmandatarios de Argentina Cristina Fernández y de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva.
«Primero Cristina. Luego Lula. Ahora Rafael Correa. Cese a la persecución contra los líderes auténticos de nuestra América. La Revolución Bolivariana se solidariza con el pueblo de Ecuador y Mashi Rafael (Rafael Correa)», dijo Maduro a través de su cuenta de Twitter.
Morales y Maduro fueron aliados de Correa durante su Administración (2007-2017) y comparten con él la llamada ideología del «Socialismo del siglo XXI».
Tras reclamar respeto a las autoridades de esos países amigos, el Gobierno ecuatoriano recalcó que la función judicial del país goza de total independencia y que actúa bajo el marco normativo interno.
El canciller Valencia calificó a la situación generada como un «intento de campaña de desprestigio contra la institucionalidad democrática de Ecuador«.
«Exigimos como Gobierno democrático el respeto de gobiernos vecinos a nuestra división de poderes y al trabajo que el poder judicial está realizando», añadió.
El jefe de la diplomacia ecuatoriana avisó que «cualquier cuestionamiento a las decisiones judiciales va en contra de los principios del Estado de derecho y la justicia plena, democracia plena, que rigen en nuestro país».
Correa dijo el martes que la orden de detención preventiva que le impuso ese mismo día la Corte Nacional de Justicia de su país forma parte de un «complot» político que ya se conocía desde hace meses.
La corte suprema aceptó la petición de la Fiscalía General de solicitar a la Interpol el arresto y extradición de Correa, tras haber desoído la medida cautelar de presentarse en Quito este lunes.
La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron al exmandatario el pasado 18 de junio tras ser vinculado penalmente al caso del intento de secuestro del exlegislador Fernando Balda en Bogotá, en agosto de 2012.
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