No hubo intento de golpe de Estado contra Correa: “Víctimas del 30S”

En esa fecha la capital ecuatoriana fue escenario de altercados a raíz de unas reivindicaciones salariales de agentes de la Policía.

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La asociación “Víctimas del 30S”, que aglutina a efectivos de seguridad encarcelados por violentos disturbios en 2010, aseguró hoy que esos sucesos no fueron un golpe de Estado contra el entonces presidente Rafael Correa, y pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) que investigue a jueces y fiscales. EFE/Evelin Rosas

Quito, 31 jul (EFE).- La asociación “Víctimas del 30S”, que aglutina a efectivos de seguridad encarcelados por violentos disturbios en 2010, aseguró hoy que esos sucesos no fueron un golpe de Estado contra el entonces presidente Rafael Correa, y pidió al Consejo de la Judicatura (CJ) que investigue a jueces y fiscales.

En esa fecha la capital ecuatoriana fue escenario de altercados a raíz de unas reivindicaciones salariales de agentes de la Policía, que derivaron en un alzamiento de proporciones que el Ejecutivo de entonces interpretó como un intento de golpe de Estado.

Según el abogado de la asociación de afectados, Óscar Ayerve, por este caso fueron condenados injustamente policías y militares.

“Se manipularon evidencias, se falsificaron documentos, se compraron falsos testigos y en definitiva se armó un verdadero concierto delincuencial para tratar de sustentar una farsa, un hecho que jamás existió”, agregó en una rueda de prensa que tuvo lugar en la sede del CJ.

Ante esta instancia la Asociación presentó hoy un informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado sobre la investigación de los hechos y el supuesto uso de fondos públicos de la Secretaría de Inteligencia del Gobierno de Correa, presuntamente para incriminar a los miembros de los aparatos de seguridad.

El documento fue entregado al presidente del Consejo, Aquiles Rigail, quien confío en que pueda servir para encontrar “la evidencia de cómo se atropellaron derechos humanos”, de policías y militares.

El presidente agregó que la institución iniciará inmediatamente las investigaciones pertinentes para evaluar si se lleva a juicio a las autoridades involucradas dentro de las instancias jurisdiccionales que correspondan.

“Esos jueces y fiscales no tenían independencia alguna. Nombrados por el Ejecutivo, trabajaban con el Ejecutivo y recibían las órdenes del Ejecutivo”, agregó por su parte Carlos González, representante de la Asociación.

Denunció ante los medios que en relación al caso, que la justicia, en su opinión, “no fue independiente”, al sancionar a cientos de policías y militares por un supuesto golpe de Estado.

Conclusión apoyada por la vocal del Consejo de la Judicatura, Argelina Porras, quien dijo que es una “vergüenza” que se haya utilizado al Poder Judicial “para perseguir a quienes opinan de manera diferente o a quienes critican al poder político”.

“Ese es nuestro derecho como ciudadanos, no es posible que por eso se le mande a la cárcel a la gente”, afirmó.

En la entrega del informe al CJ, tres miembros de la Asociación dieron sus testimonios sobre los hechos, entre ellos Klever Martínez, un exmiembro de la Policía Nacional que aseguró que todos los “afectados” se han quedado sin poder adquisitivo ni posibilidades de reinserción laboral.

“Lastimosamente todos nos tildan, nadie nos da trabajo porque en el sistema figuramos como ‘terroristas del 30S’, lamentó.

Mientras se mantuvo la reunión, a las afueras de la sala del Consejo, miembros de la asociación de afectados se manifestaron con pancartas exigiendo la liberación de militares y policías procesados por el caso.

El expresidente Correa (2007-2017) adujo haber estado secuestrado en el hospital de la Policía de Quito, hechos que la oposición consideró una excusa por parte del mandatario para abrir una caza de brujas contra cualquier foco de crítica, incluidos periodistas, extremo rechazado por el exgobernante.

Ayerve, destacó que el informe presentado hoy al Consejo de la Judicatura había sido presentado ya al Consejo de Participación Ciudadana y Participación Social Transitorio (CPCCS-T).

Apunto que sirvió, además, para la evaluación de la labor del exfiscal general Carlos Baca, destituido en abril por la Asamblea Nacional (Parlamento), que también analizó el documento.

Baca era el encargado de emitir un informe sobre la labor de una comisión de investigación de los hechos ocurridos en el 30 de septiembre de 2010.

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