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Managua, 6 ago (EFE). – El secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), Álvaro Leiva, huyó a Costa Rica debido a «amenazas» contra su vida, informó una portavoz de la organización humanitaria, que cerró temporalmente su oficina en Managua por razones de seguridad.
Leiva, uno de los defensores de Derechos Humanos más activos durante la crisis que estalló en Nicaragua el pasado 18 de abril y ha dejado entre 317 y 448 muertos, huyó el fin de semana hacia Costa Rica, dijo este lunes la portavoz sin más detalles.
La Anpdh indicó el domingo en un comunicado en el que anunciaba el cierre de sus oficinas en Managua que Leiva fue víctima del «asedio de grupos armados no autorizados y llamadas telefónicas de amenazas a nuestras oficinas de denuncias de violaciones a los Derechos Humanos».
«Nos hemos visto obligados a tomar acciones preventivas a fin de garantizar la integridad y la seguridad de nuestros defensores de derechos humanos de la Anpdh (…) nuestras oficinas centrales permanecerán cerradas temporalmente», informó la Asociación.
Siempre seremos A.N.P.D.H "En la promoción y tutela de los derechos humanos". pic.twitter.com/nXdcrBZWSM
— Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (@AnpdhOficial) August 5, 2018
La decisión fue tomada este fin de semana «tras haber recibido información alarmante sobre la activación de prácticas ilegales de persecución judicial y criminalización sin fundamento legal que lo motive, en contra de nuestros defensores de derechos humanos», añadió.
El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrao, confirmó la salida de Leiva y de un equipo de la Anpdh en sus redes sociales.
«Coincidente encuentro en aeropuerto de Honduras. Álvaro Leiva y equipo Anpdh en tránsito para Costa Rica. Confieso que nunca he imaginado presenciar un autoexilio en su exacto instante. Llorando, ellos decían que a pesar del costo, ha valido la pena defender los derechos humanos en Nicaragua», indicó Abrao en un mensaje Twitter acompañado de una foto.
La CIDH ha considerado que la «criminalización de manifestantes» y otros actores que se han expresado en contra del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, se enmarcan en una «tercera fase» de la represión gubernamental, «más ruda, más explícita y burocrática».
La Anpdh, constituida formalmente en Nicaragua en 1991, ha sido una de las más activas en la defensa de los derechos humanos en medio de la crisis que vive Nicaragua.
La Asociación ha coincidido con la CIDH en responsabilizar de cientos de asesinatos a las «fuerzas combinadas» del Gobierno, compuestas por policías, parapolicías, paramilitares y grupos de choque oficialistas.
En su último informe sobre la crisis, la Anpdh informó de 448 muertos, en su mayoría jóvenes manifestantes, 2.800 heridos y cientos de «secuestrados» y desaparecidos en manos de las «fuerzas combinadas».
La CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que Ortega ha negado.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega en la presidencia.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de once años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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