Parlamento cuestiona atentado a Maduro ante supuesta destrucción de pruebas

En una sesión extraordinaria, en la que estuvieron presentes una veintena de representantes diplomáticos de varios países, se condenó el retiro "ilegal" de la inmunidad parlamentaria de los diputados Juan Requesens – detenido- y de Julio Borges

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Durante una sesión especial, la Asamblea Nacional aprobó por “unanimidad” un acuerdo que califica la captura de Requesens como “desaparición forzada”, al tiempo que exige su “liberación inmediata”. EFE/Cristian Hernández

Caracas, 9 ago (EFE). – El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, cuestionó el atentado que sufrió el pasado sábado el presidente, Nicolás Maduro, al denunciar que el Gobierno está destruyendo las evidencias de este suceso que dejó siete heridos y por el cual el gobernante ha acusado a dos diputados.

En una sesión extraordinaria en la que estuvieron presentes representantes diplomáticos de varios países, así como la familia del diputado detenido Juan Requesens, se condenó el retiro “ilegal” de la inmunidad parlamentaria a este legislador, así como a su colega Julio Borges, actualmente fuera del país.

Los diputados fueron despojados de su fuero por parte de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro no reconocido por buena parte de la comunidad internacional por cómo fue electa y conformada.

En esta sesión la Comisión de Política Interior del Parlamento denunció que el programa social ideado por el chavismo llamado Misión Vivienda ha cubierto el hueco que supuestamente dejó uno de los drones cargado con explosivos que tenía como objetivo el presidente Maduro.

“¿Por qué destruir evidencia de la investigación? ¿Es que no quieren que sepamos lo que ocurrió el sábado?”, se preguntó la diputada Delsa Solórzano, abogada y presidenta de la comisión.

“Se está destruyendo el sitio del suceso del 4 de este mes”, agregó la diputada y señaló que la comisión que preside abrió una investigación para “saber la verdad, una verdad que Maduro quiere ocultar, vaya usted a saber por qué”.

Solórzano, que dijo que según la Constitución vigente los resultados de esa investigación que desarrolla la Cámara “tienen valor probatorio en juicio”, recalcó que, según la Ley del Servicio de Policía y del cuerpo de Policía Nacional, el lugar donde haya ocurrido un hecho punible debe resguardarse.

“Dice textualmente el artículo 34” de esta ley que la policía tiene “la obligación de resguardar el lugar donde haya ocurrido un hecho punible e impedir que las evidencias, trazos o rastros vinculados al mismo se alteren o desaparezcan a los fines de facilitar las investigaciones correspondientes”, indicó.

El Legislativo también cuestionó el manejo de la información por parte de Maduro y criticó sus actuaciones y las del fiscal general, Tarek Saab, pues se han violado las leyes que resguardan una investigación penal como la que se sigue tras el atentado contra el gobernante.

Los diputados opositores Alfonso Marquina y Oscar Ronderos señalaron que se violó la Constitución con la detención de Requesens.

Ronderos, de profesión abogado, señaló que en el apresamiento de Requesens no se cubrió el procedimiento previsto en el artículo 200 de la Carta Magna que prevé que un diputado puede ser detenido con autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previa autorización del Parlamento, lo que nunca sucedió.

Agregó que cuando el delito que ha cometido el diputado es “flagrante” como se ha argumentado desde la Fiscalía, el parlamentario debe ser puesto “bajo custodia en su residencia” y tras este procedimiento, informar al TSJ.

“Si eso no se produjo así, esta Constitución está siendo pateada por los mismos que la dictaron”, dijo.

Indicó que el procedimiento correcto fue violado “desde el principio hasta el fin” y reiteró que un delito flagrante “se está cometiendo en el momento o acaba de cometerse” y Requesens fue detenido el martes pasado y el atentado contra Maduro ocurrió el sábado.

Marquina, por su parte, recordó que el pasado martes el presidente, en cadena obligatoria de radio y televisión, “transmitió unos supuestos vídeos” como elementos de prueba del atentado que sufrió y criticó que hayan sido presentados de esta manera.

Ese día El Gobierno señaló como “posibles autores intelectuales” a Rayder Alexander Russo Márquez, “alias Pico, protegido en Colombia”, y Osman Alexis Delgado, “financista residenciado en Estados Unidos”.

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó hoy que a Delgado Tabosky, “le serán incautadas una serie de propiedades en el país” y reiteró que testimonios de los detenidos y evidencias “señalan el vínculo” de Requesens y Borges con el atentado.

Con todo, el Parlamento, que ha calificado la captura de Requesens como una “desaparición forzada”, informó que ya ha llevado el caso a instancias internacionales y que mañana irá a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Caracas por el caso del legislador.

Régimen de Maduro activa mecanismos diplomáticos contra acusados

El ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el país ha activado mecanismos “diplomáticos y jurídicos” para que personas presuntamente involucradas en el atentado contra el presidente, Nicolás Maduro, “puedan responder ante la justicia venezolana”.

Rodríguez señaló en declaraciones a la televisión estatal VTV, que “se dieron reuniones” con el encargado de negocios de Estados Unidos, James Story, y diplomáticos de Colombia informándoles “de los resultados de las pesquisas” y solicitando colaboración para los procedimientos.

Dijo que las reuniones se dieron con el objeto de que “aquellos que se encuentran residenciados o protegidos” en Colombia y en Estados Unidos “puedan pagar ante la justicia por la acción material o intelectual” del atentado contra el gobernante venezolano.

Tras las primeras investigaciones por este hecho, el Gobierno de Maduro señaló como posibles autores intelectuales a Rayder Russo Márquez, “alias Pico, protegido en Colombia”, y Osman Delgado, “financista residenciado en Estados Unidos”, ambos involucrados en el asalto a un fuerte venezolano ocurrido en agosto del año pasado.

Ante eso el mandatario consideró que debe explicarse a los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia las pruebas que implican a varios de los “responsables directos” para pedirles su extradición.

“Yo quiero que se le explique al Gobierno de los Estados Unidos, y al nuevo Gobierno de Colombia, de manera detallada, todas las pruebas que nos conducen a cómplices y responsables directos que viven en el estado de Florida, haciendo uso de los acuerdos de extradición”, dijo Maduro al presentar “pruebas” del intento de magnicidio.

La fiscalía venezolana asegura que al menos 19 personas están vinculadas con el hecho y que se encuentra tramitando la solicitud de extradición de Colombia y EE.UU. de los “financistas” del ataque.

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