Paramilitares estarían secuestrando opositores al régimen de Ortega

El asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y dos jóvenes que han protestado con el régimen de Daniel Ortega, fueron llevados detenidos por fuerzas parapoliciales

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Mientras continúan las protestas contra el régimen de Ortega, se incrementa la represión contra los opositores. Manifestantes marcharon este domingo en Masaya. EFE/Rodrigo Sura

Managua, 20 ago (EFE). – El asesor legal de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Carlos Cárdenas, y de dos jóvenes que han participado en protestas contra el régimen de Nicaragua, por grupos paramilitares.

La esposa de Cárdenas, Lisette Galeano, denuncio que su pareja fue sacado de su vivienda, ubicada en las afueras de Managua, por un grupo de paramilitares, encapuchados, que lo obligaron a irse con ellos, bajo amenaza de matar a la hija de 10 años de edad si se negaba.

La CEN actúa como mediadora en el diálogo nacional para superar la crisis entre la Alianza Cívica y el Gobierno de Daniel Ortega, quien ha descalificado al clero, al que acusa de apoyar un supuesto «golpe de Estado».

El clero católico nicaragüense ha sufrido diversas agresiones, tanto verbales como físicas, desde que los obispos solicitaron al presidente adelantar para marzo de 2019 las elecciones de 2021, para dar salida pacífica a la crisis.

Mientras que el Movimiento de 19 de Abril denunció que Ken Torrez y Fener Dávila Gaitán fueron «secuestrados» en diferentes ataques, supuestamente por «pensar distinto al Gobierno», según la denuncia del grupo, compuesto por manifestantes.

Familiares de ambos jóvenes aseguraron que estos fueron «secuestrados» por paramilitares que actuaron en conjunto con agentes de la Policía Nacional.

Torres fue capturado cerca de la ciudad de Masaya mientras participaba en una manifestación contra Ortega, y Dávila circulaba en una calle del municipio De San Juan de la Concepción, cuando lo atraparon, indicaron los familiares, quienes pusieron la denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

«Exijo la liberad de mi hijo, porque no es delincuente, es honrado, le gusta superarse, denuncio a los paramilitares, a los policías, a Daniel y a la Chayo (Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta)», dijo la mamá de Torrez, Ana María Arteaga, a periodistas.

La hermana del segundo joven, Claudia Dávila, responsabilizó «a todos los sandinistas de La Concha (San Juan de la Concepción), porque se lo llevaron sano, sin rasguños».

Según los familiares, ambos jóvenes fueron trasladados a la cárcel de El Chipote, que según organismos humanitarios es un centro de tortura de la Policía Nacional.

«Este es un claro mensaje para callar a la población, para decirle que si continúa en las marchas, esto es lo que les puede pasar», afirmó la abogada del Cenidh, Brenda Rojas.

Las denuncias de los secuestros se dan en medio de una crisis que ha dejado cientos de muertos, la más sangrienta desde los años de 1980, también bajo la presidencia de Daniel Ortega, quien reconoce 198 víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de «asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias», lo que Ortega ha negado.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.

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