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Managua, 5 oct (EFE).- Una joven exconvicta denunció hoy que fue obligada a abortar en una cárcel de Nicaragua, a donde fue trasladada por la Policía Nacional luego de participar en una protesta contra el presidente Daniel Ortega.
El aborto supuestamente fue inducido debido al maltrato que recibió en la cárcel, principalmente cuando era obligada a realizar fuertes acciones físicas, la privaban del sueño, agredían verbalmente o la inducían a tomar «vitaminas», denunció Elsa Valle, quien fue liberada la semana pasada tras cinco meses de encierro.
«Tuve una hemorragia, se me vinieron como cuatro coágulos de sangre, pensé que era mi periodo, pero era el aborto, me dio fiebre, fui al ginecólogo y me dijo que tengo una fuerte infección vaginal y en los ovarios», dijo Valle, al denunciar su caso ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
La denunciante mostró imágenes de ultrasonido en las que señaló su vientre y detalles que describió como secuelas del aborto. «Tengo restos del feto», dijo.
Valle, de 19 años, fue arrestada en mayo pasado durante un ataque armado de la Policía y paramilitares a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli).
La joven, una estudiante de periodismo, detalló que al momento de su «secuestro», como ella califica su detención, sospechaba que estaba embarazada, por lo que pidió a sus carceleros un examen de sangre que no le fue concedido.
El asesor legal de la CPDH, Pablo Cuevas, quien afirmó que la organización acompañará a la joven en sus reclamos al Gobierno de Nicaragua, destacó que las autoridades probablemente cometieron homicidio por negligencia, ya que el aborto es prohibido en el país.
La denuncia se da en medio de una crisis sociopolítica, que según organismos humanitarios locales y extranjeros ha dejado entre 322 y 512 muertos en Nicaragua desde abril pasado, principalmente en protestas contra Ortega, quien reconoce 199 víctimas mortales.
A Ortega también se le atribuye la captura de más de 300 «presos políticos», en tanto el Gobierno reconoce poco más de 200, los que señala como «golpistas».
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por «más de 300 muertos», ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social, y dieron paso a una exigencia de renuncia debido a los centenares de muertos en las protestas.
