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Managua, 26 oct (EFE). – Las autoridades de Nicaragua expulsaron del país a un equipo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que acudía por invitación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Nicaragua acaba de expulsar al equipo de CEJIL del país cuando se dirigía a una reunión de la CIDH. Una vez más el país demuestra que no tiene ningún compromiso con los derechos humanos», denunció el organismo, mientras su equipo estaba siendo echado.
Así nos “escoltan” para salir de #Nicaragua, cuando intentamos ingresar a una reunión c/ l @cidh. Nos niegan ingreso pese a tener invitación formal. Echan mano de artilugios, y nos devuelven en menos de una hora #SosNicaragua pic.twitter.com/PJy1vNi7lO
— CEJIL (@cejil) October 26, 2018
El equipo del CEJIL estaba compuesto por su directora del Programa para Centroamérica y México, Marcia Aguiluz, la abogada Paola Limón, y la portavoz, Francisca Stuardo.
Las mujeres, que llegaban desde Costa Rica, país a donde han huido más de 23.000 nicaragüenses, fueron expulsadas tras arribar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino, de Managua, según denunció el organismo.
“Aunque contábamos con una invitación formal de la CIDH, las autoridades de migración nos negaron el acceso a Nicaragua. Esta acción demuestra una vez más las arbitrariedades del gobierno y su falta de compromiso con los derechos humanos y la democracia”, denunció el CEJIL a través de su cuenta en Twitter.
La expulsión se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 528 muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega, así como más de 558 «presos políticos», según defensores de derechos humanos locales.
El Gobierno reconoce 199 muertos y más de 200 reos, los que asegura son «terroristas» y «golpistas».
Tanto la CIDH como la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de «más de 300 muertos», así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega no reconoce los señalamientos y sostiene que él es víctima de un intento de «golpe de Estado».
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, debido al creciente número de manifestantes muertos y prisioneros.
