La vicepresidenta de Perú llama «sicario» al fiscal general tras denuncia

El fiscal Pedro Chávarry presentó una denuncia constitucional contra Mercedes Aráoz, por su participación en el presunto caso de compra de votos para evitar la vacancia del ex presidente PPK

«He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de Pedro Chávarry. Solo confirma el uso político de la fiscalía», dijo Aráoz. (Twitter)

 

Lima, 8 nov (EFE). – La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, rechazó la denuncia constitucional que presentó el fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, contra ella y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y afirmó que no le «asustan los fiscales sicarios».

«He tomado conocimiento de la denuncia constitucional de Pedro Chávarry. Solo confirma el uso político de la fiscalía», señaló Aráoz, quien también es congresista, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

Chávarry presentó este miércoles la denuncia constitucional contra Kuczynski (2016-2018) por una presunta comisión del delito de cohecho activo por supuestamente haber instigado la compra de votos para evitar su destitución por el Congreso en diciembre pasado.

La denuncia comprende también al congresista oficialista Carlos Bruce, al exministro de Agricultura José Arista, y a los congresistas disidentes del partido fujimorista Fuerza Popular Bienvenido Ramírez y Marita Herrera.

Ramírez y Herrera formaron parte de un grupo de legisladores que renunciaron a Fuerza Popular junto a Kenji Fujimori por sus discrepancias con la agrupación liderada por Keiko Fujimori, quien cumple una orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigada por un presunto lavado de activos.

Aráoz señaló al respecto, que Chávarry ha presentado «una acusación express, sin pruebas» y lo acusó de no haber respetado su derecho a la defensa porque nunca le pidió rendir su manifestación.

«No me asustan los fiscales sicarios. Sí me preocupa el Perú», concluyó.

Los votos de los legisladores disidentes encabezados por Kenji Fujimori salvaron a Kuczynski de un primer pedido de destitución impulsado por Fuerza Popular por sus vínculos con la constructora brasileña Odebrecht desde que fue ministro en el Gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).

Sin embargo, el exmandatario renunció en marzo pasado, después de que el fujimorismo denunció que su legislador Moisés Mamani había recibido ofertas de obras en su región a cambio de votar en contra de un segundo pedido de destitución contra Kuczynski.

Precisamente, Aráoz se desempeñaba como primera ministra cuando sucedieron los hechos.

Chávarry, quien es duramente cuestionado por el presidente Martín Vizcarra por sus presuntos lazos con una trama de corrupción en la judicatura peruana, detalló que la denuncia contra Kuczynski y los exministros es por los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado.

La acusación contra los legisladores corresponde al delito de cohecho pasivo impropio, todos en agravio del Estado.

El Gobierno peruano insiste en la necesidad de que Chávarry deje el cargo de Fiscal de la Nación por su cercanía con los exjueces y funcionarios judiciales investigados actualmente por pertenecer a una organización criminal al interior del Poder Judicial.

Incluso, el fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a Keiko Fujimori, acusó este miércoles a Chávarry de «dar un mensaje» a sus testigos y colaboradores cuando dice que «en cualquier momento» lo puede separar de esa investigación.

Chávarry, quien ha sido citado por Pérez para ser interrogado el 19 de noviembre por sus supuestos vínculos con el fujimorismo, dijo el martes que él puede remover «en cualquier momento» a Pérez.

La semana pasada, tras aprobarse la orden de prisión preventiva por 36 meses contra Keiko, Chávarry acusó a Pérez de tener «un interés político coordinado con el Gobierno» para no investigar al presidente Vizcarra por la frustrada construcción del nuevo aeropuerto de Cusco.

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