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Bogotá, 27 nov (EFE). – El procurador colombiano, Fernando Carrillo, admitió que firmó un contrato con el Grupo Aval antes de asumir el cargo en octubre de 2017, pero aclaró que esto no genera un conflicto de intereses con la investigación que desarrolla en el caso de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
En un comunicado de prensa, Carrillo dijo que la aclaración la hizo debido a que en los últimos días varias personas «han preguntado por asesorías llevadas a cabo con anterioridad al ejercicio del cargo para insinuar que generan alguna situación de impedimento o pueden debilitar la fuerza de las acciones en la búsqueda de la transparencia y la imparcialidad» frente a Odebrecht.
Al respecto, Carrillo precisó que en 2016 desarrolló actividades de consultoría con la firma Adminegocios & Cía. S.C.A. para la promoción y comercialización nacional e internacional del Edén Centro Comercial, perteneciente a la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo (OLCSA).
Dichas obligaciones, aclaró, «tampoco tuvieron que ver directa o indirectamente con las empresas vinculadas con la Concesión Ruta del Sol II y menos con los actos de corrupción hoy cuestionados. No contemplaba ningún tipo de conceptos o asesorías de carácter legal».
Asimismo, agregó que «el desarrollo de este contrato no genera ningún impedimento» para ejercer su función como procurador ni «tampoco se presenta conflicto de intereses» porque su desempeño «no se vio ni se ha visto afectado por interés particular alguno que pudiera tener relación con el mencionado vínculo contractual».
Tales precisiones se deben a que en septiembre de este año la Superintendencia de Industria y Comercio envió copias a la Fiscalía colombiana para que investigue un posible conflicto de intereses de altos directivos del Grupo Aval con una corporación que se encargó de establecer los pliegos para el contrato de la firma brasileña.
La construcción del tramo II de la Ruta del Sol fue concedida a un consorcio encabezado por Odebrecht y cuya financiación fue realizada por Corficolombiana, cuyo socio mayoritario es el Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, uno de los hombres más ricos de Colombia.
La revelación sobre los vínculos del procurador con la OLCSA coincide con el debate en el país sobre la designación de un fiscal ad hoc para que investigue a Odebrecht por los presuntos impedimentos que tiene el fiscal general, Néstor Humberto Martínez.
La Fiscalía aseguró que las coimas que pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 28,35 millones de dólares) y no los 11,1 millones de dólares (unos 21.550 millones de pesos de la época) que manifestó el Departamento de Justicia de EE.UU. en diciembre de 2016.
El pasado 8 de noviembre murió de un infarto el ingeniero Jorge Enrique Pizano, auditor de la carretera Ruta del Sol II en representación del Grupo Aval, y considerado testigo clave contra Odebrecht en ese contrato.
El hijo de Pizano, Alejandro, falleció tres días después al beber agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre y que contenía cianuro.
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