Managua, 28 nov (EFE).- La escritora y poeta nicaragüense Gioconda Belli repudió hoy la orden de prisión emitida por un juez de Nicaragua contra el editorialista del diario La Prensa y crítico del presidente Daniel Ortega, Luis Sánchez Sancho, por estar involucrado en un accidente de tráfico.
“Otra vez el odio irracional del régimen se deja ir contra un ciudadano serio y respetable como Luis Sánchez. Ah, no! Pero tenían que aprovechar la ocasión de causarle daño porque es jefe de la página editorial de La Prensa!”, dijo Belli, en sus redes sociales.
El juez primero de audiencia de Managua, Jean Carlos Fernández, ordenó el martes la prisión preventiva de Sánchez Sancho, quien también es miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la contraparte del Gobierno en un diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica que vive el país desde abril pasado y que se encuentra suspendido.
Sánchez Sancho, de 76 años, es acusado por el Ministerio Público por lesiones imprudentes contra el motociclista Otoniel Betancourt, a pesar de que este reconoció haber causado el accidente y firmó un acuerdo extrajudicial, según los familiares.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia tildó este miércoles de “inaceptable” el trato de la Policía nicaragüense hacia el editorialista, convicto por un accidente que no conlleva prisión, ya que la legislación local permite que, en caso de un accidente de tráfico sin lesionados o con heridas leves, las partes lleguen a un acuerdo extrajudicial sin cárcel de por medio.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el arresto de Sánchez Sancho, que calificó de “ensañamiento del régimen contra los periodistas independientes, que aprovecha cualquier situación para reprimir”.
Hasta antes de la detención del editorialista, la Policía de Nicaragua había capturado a 7 miembros de la Alianza Cívica, a quienes acusa de “terrorismo” y otros delitos.
Organismos humanitarios locales e internacionales cuentan unos 610 “presos políticos” en Nicaragua, cuyo Gobierno reconoce 273 detenidos que clasifica como “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.
Organismos humanitarios locales han calculado hasta 545 muertos, de los que el Gobierno acepta 199.
Ortega ha negado la responsabilidad y mantiene que venció un intento de “golpe de Estado”.