Corte Suprema suspende ley que impide ganar más que el presidente de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió  la aplicación de la ley de remuneraciones que ordena los recortes salariales a altos funcionarios propuestos por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, aprobada en la actual legislatura del Congreso, señala en términos generales que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de México, incluidos los ministros del Poder Judicial.

El ministro Alberto Pérez Dayan, aceptó a trámite una petición de inconstitucionalidad de un grupo de Senadores y determinó suspender la aplicación de dicha ley hasta que se resuelva el asunto en la Corte Suprema de México.

La decisión del magistrado implica que la Cámara de Diputados deberá contemplar en la elaboración de los presupuestos del 2019, los ingresos de los altos funcionarios antes de los recortes que planteó López Obrador.

El presidente de México ha asegurado que sus percepciones serán de 108.000 pesos (unos 5.320 dólares) mensuales, un 40 % menos de lo que ganaba Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De acuerdo con la ley de Remuneraciones, todos los funcionarios públicos deberán alinearse a este tope salarial, lo que puede afectar a los ministros de la Corte, que tienen un ingreso mensual de casi 651.000 pesos (32.068 dólares).

A pesar de la suspensión en el presupuesto 2019 se ajustarán los salarios para que nadie más que López Obrador, dijo Mario Delgado, coordinador de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que tiene la mayoría en la Cámara.

Los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que perdió el gobierno en 2018, reconocieron la decisión de la SCJN al considerar que «garantiza la división de Poderes y el cumplimiento de la Constitución».

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establece que ningún servidor público podrá ganar más que el presidente de México y eliminas las pensiones a los exmandatarios, entró en vigor el pasado 6 de noviembre.

La misma es aplicable también a miembros del Poder Judicial de la Federación, tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y organismos como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, Petróleos Mexicanos (Pemex) o la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).