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Santo Domingo, 18 dic (EFE).- El movimiento Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional (TI), denunció hoy el poco avance logrado en materia de corrupción e impunidad en 2018 en este país, donde, además, el «fantasma» de la reelección distrajo la atención de las autoridades y la sociedad.
Al presentar ante la prensa su balance sobre el país este año, PC afirmó que 2018 no registra ningún avance significativo en el compromiso del Gobierno dominicano y del presidente Danilo Medina de combatir la corrupción y la impunidad.
Por el contrario, «además de mantener las mismas tendencias de años anteriores, crece la percepción de aumento de la corrupción y no se produce ninguna condena importante», apuntó.
A la vez, señaló, que la República Dominicana sigue siendo el único país en el que nadie guarda prisión por los sobornos admitidos por la constructora brasileña Odebrecht, a pesar de ser el que encabeza el monto de sobornos, según confesión de la misma empresa.
Siete dominicanos, entre ellos políticos y empresarios, enfrentan un juicio tras ser acusados de recibir los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en sobornos en el país entre 2001 y 2014, pero ninguno de ellos está en prisión.
Tampoco se han investigado las denuncias y querellas sobre la supuesta intervención de esa empresa en el financiamiento de campañas electorales en 2012 y 2016, agregó PC en su informe.
De acuerdo con PC, este año tampoco fue bueno para el Ministerio Público, tanto por el estancamiento de los principales casos de corrupción, como por la forma en que se hizo el concurso para renovar las posiciones de procuradores fiscales en el Distrito Nacional, centro de la capital, y 21 provincias «sin que el Consejo Nacional del Ministerio Público cumpliera con lo que manda su ley».
Respecto al tema político, PC señaló que las precariedades institucionales dominaron el escenario nacional durante todo el año, «con el fantasma de la reelección distrayendo la atención de las autoridades y la sociedad y alentando una severa crisis» en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Una facción del PLD defiende la reelección de Medina, quien llegó al poder en 2012 y resultó reelegido cuatro años más tarde tras una modificación constitucional en 2015.
Medina ha dicho que no será hasta marzo del próximo año cuando fije posición sobre una eventual reelección, a pesar de que la actual Constitución le prohíbe presentarse a un tercer periodo.
Por otro lado, en su balance, Participación Ciudadana destacó como un elemento positivo del año la aprobación de la Ley de Partidos tras dos décadas de discusiones.
En otro orden, denunció que mientras la presidencia «incrementa sus gastos y reparte cada vez mayor cantidad de recursos a título personal del presidente, se mantiene congelada o reducida la proporción presupuestaria a la Justicia, al Ministerio Público, a la salud pública y a múltiples entidades estatales».
En tanto, el Congreso Nacional siguió subordinado al Poder Ejecutivo, «aprobando préstamos y presupuesto sin mayores ponderaciones y negado a cumplir sus funciones de fiscalización».
Por último, con relación a la inseguridad ciudadana, PC subrayó que ha sido un tema de preocupación por los índices de criminalidad y violencia armada, y calificó de insuficientes los esfuerzos institucionales para combatir este flagelo.
