EEUU, Perú y otros piden ver crisis en Nicaragua con Carta Democrática de OEA

Es la primera vez que la aplicación de la Carta Democrática aparece en el debate sobre Nicaragua en la OEA. La CIDH pidió a la organización que evalúe aplicar el instrumento jurídico

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Ninguno de los embajadores, sin embargo, especificó cómo debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua. (Twitter)

 

Washington, 27 dic (EFE). – Los Gobiernos de Colombia, EE.UU., Perú y Argentina pidieron evaluar la crisis en Nicaragua mediante la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque no exigieron explícitamente que se inicie el proceso para suspender a ese país del organismo.

Es la primera vez que la aplicación de la Carta Democrática aparece en el debate sobre Nicaragua en la OEA, que hoy celebra una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente.

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En la sesión, el embajador de Colombia ante el organismo, Alejandro Ordóñez, consideró que la OEA debe jugar «un papel indispensable» frente a la crisis en Nicaragua, que estalló el 18 de abril con protestas que piden la renuncia del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, y que han dejado centenares de muertos.

«La situación en Nicaragua -dijo Ordóñez- debe ser abordada a la luz de la Carta Democrática Interamericana».

El diplomático colombiano consideró «urgente» e «imperativo» tomar esa iniciativa dentro de la OEA después de que un grupo independiente de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya concluido que el Gobierno de Ortega ha perpetrado crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo, dijo que el organismo no puede estar «en silencio» y debe acudir a la Carta Democrática para reconocer que en Nicaragua «no se cumplen» los compromisos democráticos adquiridos a nivel internacional.

La embajadora de Perú ante la OEA, Ana Rosa Valdivieso, también mencionó la Carta Democrática e instó al resto de Estados a no permanecer «impasibles» ante la situación.

La embajadora argentina, Paula Berto, fue un poco más contundente y adelantó: «Un grupo de Estados estamos pensando en aplicar la Carta Democrática», señaló.

Ninguno de los embajadores, sin embargo, especificó cómo debe aplicarse la Carta Democrática de la OEA a Nicaragua.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a los miembros de la OEA que consideren «el cumplimiento de las condiciones» que permitirían aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.

La vicepresidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitiño, se posicionó así durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

«La CIDH llama a los Estados Miembros de la OEA a rechazar las violaciones a los derechos humanos, los actos de represión contra la población nicaragüense y considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana al país», dijo Arosemena de Troitiño.

«La Carta Democrática constituye el instrumento más representativo de solidaridad y compromiso que países del hemisferio asumieron para asegurar que, en las naciones americanas, existan condiciones propicias para el goce y garantía de los derechos humanos», añadió.

La comisionada presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH y en el que se señala que existen pruebas para argumentar que el Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha incurrido en delitos de lesa humanidad.

Al respecto, Arosemena de Troitiño consideró: «La configuración de crímenes de lesa humanidad y la evidencia disponible sobre la crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua imponen un llamado a la comunidad internacional a actuar del modo más enérgico, especialmente a los países de la nuestra región».

La Carta Democrática Interamericana es un instrumento jurídico aprobado en 2001 para la preservación de la institucionalidad democrática en Latinoamérica.

Su artículo 20 establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente cuando en un país de la organización «se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático».

Entonces, el Consejo Permanente debe decidir si existe esa «alteración» del orden democrático y, a partir de entonces, se pueden tomar distintas gestiones diplomáticas.

De fracasar estas, se inicia un proceso que podría llevar a la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria, el foro político más importante de la OEA, en el que los cancilleres de las Américas podrían suspender a un Estado miembro si estiman que «se ha producido la ruptura del orden democrático».

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