Condenan a siete nicaragüenses a 25 años por bloquear calles en protestas

Siete de los ocho hombres condenados fueron hallados culpables de los delitos de terrorismo, secuestro simple, y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua, y un octavo además por asesinato

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Nicaragua AI Gobierno español
Durante las fuertes protestas del 2018 la  policía y grupos de manifestantes se enfrentaron en las calles y muchos manifestante fueron detenidos . EFE/Jorge Torres

 

Managua, 8 ene (EFE). – Ocho nicaragüenses que protestaron contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega fueron condenados a entre 25 años y 47 años de prisión por el delito de terrorismo en perjuicio del Estado de Nicaragua, en el marco de la crisis que vive el país desde abril pasado y que ha dejado cientos de muertos y detenidos, informó el Poder Judicial.

Siete de los ocho hombres, originarios del municipio de Jinotega, norte de Nicaragua, fueron hallados culpables de los delitos de terrorismo, secuestro simple, y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua, y un octavo además por asesinato, y este lunes en la noche fue leída la sentencia.

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La jueza segunda de distrito penal de juicio de Managua, Adela Cardoza, condenó a 25 años a Juan Carlos Baquedano por el asesinato de Pablo Israel Ramos Chavarría, ocurrida el 16 de junio pasado en un cruce de carretera entre los municipios de Matagalpa y Jinotega, y a 22 años por terrorismo, para totalizar 47 años.

El condenado cumplirá, sin embargo, una pena de 30 años, que es la pena máxima en Nicaragua, según su legislación.

Cardoza también fijó una pena de 25 años a Orlando Granados Picado, Joel Blandón Villagra, Berman Cruz Torres, Graybin Leiva Tinoco, Jony Leyva Picado, Juan José Gómez Medina y Félix Picado Castro por los delitos de terrorismo, secuestro simple y entorpecimiento de servicios públicos en perjuicio del Estado de Nicaragua.

Los procesados fueron señalados por el Ministerio Público de “obstaculizar el paso y la libre circulación de las personas y medios de transporte que transitaban por dicho lugar”.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 545 muertos, de 340 a 674 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama “terroristas”, “golpistas” y “delincuentes comunes”.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de “más de 300 muertos”, así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, próximo a cumplir doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de “golpe de Estado” que, asegura, ya ha sido aplacado.

Portavoz de ONG huye por amenazas

La portavoz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Wendy Quintero, informó que abandonó el país por razones de seguridad.

“Jamás quise dejar mi país, pero esta difícil decisión la he tomado porque mi integridad física se ha visto comprometida por el asedio y la persecución que vivimos los nicaragüenses por parte del Gobierno de Nicaragua”, señaló la comunicadora en un escrito divulgado por el Cenidh.

Quintero, que trabajó para el diario La Prensa y el periódico Hoy, explicó que en su caso “se agrava por mi condición como mujer, periodista y defensora de derechos humanos, tanto desde el Cenidh como del movimiento de radios comunitarias”, donde también colaboraba.

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, a petición del Ejecutivo, despojó hace un mes el estatus legal a nueve ONG, entre ellas al Cenidh.

El Ministerio de Gobernación ordenó que los bienes incautados a las nueve ONG ilegalizadas pasaran a la administración del Estado para la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las Víctimas del Terrorismo.

“Tengo fe en Dios que esto pronto acabará y vendrá una época en donde Nicaragua recibirá a sus hijos e hijas en el exilio para reconstruir la patria que tanto amamos”, continuó Quintero.

Al menos 56 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

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