Rechazo y respaldo genera decisión del presidente de Guatemala de cesar a CICIG

Mientras el sector empresarial apoya a Jimmy Morales en su decisión de dar por terminado de forma "inmediata y definitiva" el acuerdo, por la supuesta "violación grave" de la Cicig de las leyes nacionales e internacionales, la ONU y ONGs en el país, no están de acuerdo

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Morales se hizo rodear ayer de familiares de procesados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) para explicar por qué tomó la decisión de dar por finalizado el acuerdo con Naciones Unidas para el funcionamiento de la entidad. M. EFE/Esteban Biba

 

Guatemala, 8 ene (ACAN-EFE). – El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras anunció su respaldo a la decisión del presidente del país, Jimmy Morales, de terminar el acuerdo con la ONU para la creación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Este lunes, en una conferencia de prensa en la que se hizo rodear de señalados y procesados por el Ministerio Público (Fiscalía) y la Cicig, Morales, dio por terminado de forma “inmediata y definitiva” el acuerdo, por la supuesta “violación grave” de la Cicig de las leyes nacionales e internacionales.

Según el presidente, ahora tanto el Gobierno como la ONU “quedan eximidos de continuar con el acuerdo”, y la decisión de terminar unilateralmente con la Cicig “no debe afectar la situación jurídica de los procesos abiertos” ni generar “repercusiones” para Guatemala.

Argumentó que parte de su decisión se debe a que desde agosto de 2017, cuando se inició el proceso de solución de controversias con ONU, su Administración “ni siquiera” obtuvo respuesta “mínima” ante “las quejas”, como que la Cicig “ha intervenido la justicia negociando con criminales, secuestradores, asesinos, terroristas, como quedó demostrado”.

La decisión de Morales “está dentro del marco de sus competencias por virtud de la Constitución Política de la República”, dijo el sector empresarial organizado en un comunicado, en el que pidió que la salida de CICIG vaya acompañada de “medidas efectivas que aseguren la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Añadió que la entidad de las Naciones Unidas debe “fortalecer” el trabajo que hace el Ministerio Público (Fiscalía) y la acción penal y que los casos iniciados ante los tribunales de justicia “deben continuar” siguiendo el debido proceso.

Coincidió con el mandatario en que hay varios casos presentados por la CICIG y la Fiscalía “señalados por el propio sector empresarial organizado como faltas al debido proceso”.

Como dijo Morales el lunes, el Comité Coordinador aseguró que no ha habido una respuesta de Naciones Unidas a los requerimientos del Gobierno de Guatemala, lo cual “refleja que el mecanismo contemplado en el acuerdo de creación de la Comisión no ha cumplido su cometido” y ha hecho “imposible encontrar alternativas a la controversia”.

También mostró su rechazo al argumento de la ONU “al señalar que la CICIG no es parte de su sistema”, lo cual “justifica que no les corresponde dar respuesta sobre los casos que la CICIG tiene a su cargo”, generando “un vacío legal en términos de fiscalización y cuentadancia”.

La decisión del presidente Morales, que fue comunicada directamente en Nueva York al secretario general de la ONU, António Guterres, por la canciller, Sandra Jovel, fue impugnada la noche del lunes por el abogado Alfonso Carrillo y el omdudsman, Jordán Rodas, quienes calificaron de “ilegal” el cese de la CICIG.

El secretario general de la ONU “rechazó enérgicamente” la disposición de Guatemala al asegurar en un breve comunicado de prensa que será hasta el 3 de septiembre que finalice el acuerdo y subrayó que espera “que el Gobierno de Guatemala cumpla íntegramente con sus obligaciones legales en virtud del Acuerdo”.

Por su parte, el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, acusó a Morales de “transgredir” la ley al poner fin unilateralmente el acuerdo de la Cicig, pues el presidente de la República “no está por encima de la ley”, debido a que el acuerdo de Cicig “es una ley interna” del país.

Al concluir la conferencia de Morales, decenas de manifestantes se plantaron frente a la sede de la Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal local, para protestar por la decisión gubernamental y otras organizaciones convocaron para el próximo sábado a realizar una marcha en contra del mandatario guatemalteco.

El director de la División de las Américas de la ONG Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, pronunció que “un desesperado Jimmy Morales decidió terminar con la Cicig” y aseguró que “felizmente él no tiene la última palabra”, pues es la Corte de Constitucionalidad la que “nuevamente” puede salvar al país “del pacto del presidente con los corruptos”.

Además, la organización Antigua al Rescate, que vela por los derechos de los afectados por la tragedia del volcán de Fuego del pasado 3 de junio en la que murieron 198 personas, lamentó que el presidente fuera “capaz de amparar ante las cámaras de televisión a personas acusadas y vencidas en juicio, en tanto que en siete meses ha dado la espalda permanentemente a las víctimas del volcán”.

Sin embargo, la organización Guatemala Inmortal, la Fundación contra el Terrorismo y otras ONG conservadoras mostraron su “apoyo” a Morales y aunque reconocieron que la Cicig “comenzó bien” lamentaron que su labor “cambiara con el tiempo”.

Finalmente, el capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, Acción Ciudadana, presentó un amparo y una solicitud de destitución inmediata a la canciller, Sandra Jovel, y al presidente Morales ante el Constitucional, que, previamente, había validado para su trámite un amparo del abogado Alfonso Carrillo contra la decisión de finalizar el acuerdo de la Cicig.

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