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Bogotá, 10 ene (EFE). – La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró que en 2018 fueron asesinados 172 líderes sociales y defensores de derechos humanos, de los cuales 158 eran hombres y 14 mujeres.
«Lo que está sucediendo es un asunto que demanda el mayor nivel de atención y articulación del Estado. Mi máxima preocupación es que los riesgos advertidos por la Defensoría se han materializado ante los ojos de todas las autoridades, y esto viene sucediendo desde marzo de 2017», afirmó el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Según los datos de la entidad, 35 de los 172 asesinatos ocurrieron en el departamento del Cauca, 24 en Antioquia, 18 en Norte de Santander, 14 en Valle del Cauca, 11 en Caquetá, 11 en Putumayo, 10 en el Meta y 7 en Nariño.
A estos le siguieron Chocó (7), Arauca (6), Córdoba (6), Santander (3), Bogotá (2), Bolívar (2), Caldas (2), Cesar (2), Huila (2), Quindío (2), Risaralda (2), Tolima (2), Atlántico (1), Boyacá (1), Casanare (1), Cundinamarca (1), Guaviare (1), Magdalena (1) y Vichada (1).
Por otra parte, la Defensoría señaló que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre pasado fueron asesinados 431 líderes sociales, la mayoría de ellos vinculados a juntas de acción comunal, indígenas, comunitarias, campesinas y afrodescendientes.
Defensoría pidió al Gobierno nacional mayor atención frente al riesgo en que se encuentran los líderes sociales y defensores de DD. HH. en el país → https://t.co/oB4FRDAKwN pic.twitter.com/TvMCiux7di
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 10, 2019
Asimismo, la entidad manifestó que en lo corrido de este año han sido asesinados siete líderes, dos de ellos en el Cauca y el resto en Antioquia, Valle del Cauca, Magdalena, Caquetá y Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
«Una alerta desatendida, es una muerte no evitada; una muerte no evitada, una violación directa al deber de proteger los derechos humanos. Eso es lo que ha sucedido», añadió Negret.
En ese sentido, detalló que la entidad convocará para el próximo 21 de febrero una «audiencia defensorial» con la que buscará actualizar las situaciones de riesgo a las que se enfrentan los activistas y se revisará además la respuesta de las autoridades competentes frente a esta situación.
La idea, agregó, es impulsar la protección de las personas que representan a sus comunidades, así como a los líderes sociales y los defensores de derechos humanos.
Por otra parte, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, aseguró que, según un informe de la ONU, son 231 casos reportados «de afectación de la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos» entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre pasado.
De esos casos, «la Fiscalía ya ha establecido autoría en 126» y le puede dar cuenta «al mundo entero» de que ha «logrado identificar a los autores de estos crímenes en el 54,5 % de los casos».
El procurador colombiano, Fernando Carrillo, calificó esta semana como inadmisible lo que sucede con los líderes sociales y defensores de tierras.
Por esto conminó al Gobierno y a los organismos de protección e investigación a adoptar medidas que prevengan nuevos hechos que enluten al país y que permitan identificar a los autores materiales e intelectuales de los atentados contra la defensa de los derechos humanos y colectivos.
