Denuncian acoso a sociedad civil y palizas a manifestantes presas en Nicaragua

La ONU denuncia el acoso del Gobierno nicaragüense a la Red Local de ONG y la CPDH dijo que mujeres detenidas por protestar contra el régimen de Ortega fueron golpeadas por autoridades penitenciarias

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«Red Local y las ONG que apoya realizan un trabajo crucial en nombre de los nicaragüenses, y deberían poder operar sin temor a ser acosados por las autoridades», señaló el portavoz de la oficina Rupert Colville. (Archivo ONU)

Ginebra, 8 feb (EFE). – La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó este viernes su «extrema preocupación» por el acoso del Gobierno de Nicaragua a la sociedad civil, ejemplificado por la redada que se practicó el jueves contra la coalición de organizaciones no gubernamentales Red Local.

Mientras que la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) y familiares de mujeres que guardan prisión en Nicaragua, tras haber participado en manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega, denunciaron estas recibieron una nueva paliza, supuestamente por parte de las autoridades de la cárcel La Esperanza.

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«Red Local y las ONG que apoya realizan un trabajo crucial en nombre de los nicaragüenses, y deberían poder operar sin temor a ser acosados por las autoridades», señaló el portavoz de la oficina Rupert Colville en un comunicado.

Añadió que el asalto se produjo sólo seis días después de que miembros de Red Local y otros representantes de la sociedad civil nicaragüense se reunieran en Ginebra con la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet para denunciar las crecientes restricciones que sufren en Nicaragua.

«Instamos a las autoridades nicaragüenses a que permitan que la sociedad civil trabaje libremente y continúe su cooperación con las instituciones y los mecanismos de las Naciones Unidas sin sufrir represalias», subrayó Colville.

«El acoso a las organizaciones de la sociedad civil constituye una violación de los derechos a la libertad de opinión y expresión, reunión pacífica y asociación», concluyó.

La oficina de la ONU recordó que entre noviembre y diciembre del año pasado se canceló la personalidad jurídica de nueve ONG y también se han reportado redadas en medios de comunicación y arrestos de varios periodistas, mientras que otros 66 profesionales de los medios han huido del país.

La Red Local (nombre como se conoce comúnmente a la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local) aglutina a más de una veintena de organizaciones.

Golpiza en la prisión

«Ayer recibimos información de prácticamente cuando estaban aconteciendo los hechos. Se escuchaba una situación muy dramática, por la golpiza (…), se oían muchos gritos y lamentos», dijo el abogado de la CPDH, Pablo Cuevas, en conferencia de prensa.

Al menos ocho convictas fueron víctima de la agresión, según los denunciantes, quienes resaltaron el caso de la líder manifestante Irlanda Jerez.

«Irlanda fue brutalmente golpeada, al punto que no puede levantarse de la cama», dijo el esposo de Jerez, Daniel Esquivel.

Los familiares de la líder responsabilizaron por todo lo que pueda pasar con las presas a la subprefecta del Sistema Penitenciario de Mujeres, Josefa Peña, y a la rectora de la Cárcel La Esperanza, Maricela Cepera, de quien Esquivel dijo «me dio su palabra de que en ese penal no había pasado nada».

«Condenamos estos hechos detestables, perder su libertad no quiere decir que pierden sus derechos elementales, como el derecho de ser tratadas de manera digna, la Constitución proscribe la tortura, el Código Penal tiene como delito la tortura», sostuvo el representante de la CPDH.

Los familiares de las víctimas afirman que esta es la tercera vez que las presas son golpeadas en prisión, y que es el más reciente ataque a manifestantes, luego de una escena similar en la cárcel de varones La Modelo.

Nicaragua vive una crisis que ha dejado 325 muertos desde abril, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo sólo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.

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