Expertos llaman a víctimas de régimen Ortega a organizarse y buscar justicia

En el periodo analizado por el GIEI sin una colaboración por parte del Estado nicaragüense, los expertos enumeraron 109 muertes.

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«Lo que vimos son atrocidades que se cometieron en seis semanas».(Youtube)

Nueva York, 19 feb (EFE).- El grupo internacional de expertos que elaboró un informe sobre la crisis en Nicaragua sostiene que el Gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad contra civiles y llamó este martes a las víctimas a organizarse y recabar información con el fin de buscar justicia universal.

Tres de los cuatro miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo de la OEA, la CIDH y el Gobierno nicaragüense para ayudar en las pesquisas sobre esas protestas violentas ocurridas entre el 18 de abril y el 30 de mayo, debatieron sus hallazgos en la Americas Society de Nueva York.

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El italiano Amerigo Incalcaterra, la guatemalteca Claudia Paz y Paz y el argentino Pablo Parenti dijeron tener pendiente presentar el documento ante las víctimas en Nicaragua después de su expulsión de diciembre, que los llevó a hacerlo en Washington, adonde volvieron en enero y pidieron a otros países que inicien procesos judiciales.

Incalcaterra declaró a Efe tras el foro que dentro de la «recomendación» de buscar justicia universal «es importante que las propias víctimas se puedan organizar y reconstruir sus hechos a partir de recopilar toda su información», puesto que el GIEI tuvo interlocución con un grupo pero sabe «que hay mucho más».

«Nuestro pedido fue acotado y lo que vimos son atrocidades que se cometieron en seis semanas, pero la violencia continuó, se agravó y tuvo otro formato. Es sumamente importante que las víctimas retomen ese trabajo de organizarse y recabar información: es la única manera para que se pueda presentar ante un tribunal en otro país», explicó.

Asimismo, indicó que las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las del propio GIEI «deben garantizar que el proceso de diálogo tome en cuenta aspectos vitales para que no se deje atrás a las personas más vulnerables, que son las víctimas y sus familiares».

En ese sentido, su compañera Claudia Paz y Paz conminó a que, ante un posible reinicio del diálogo nacional, tras la reunión entre Daniel Ortega y un grupo de empresarios este fin de semana, «se revise el informe» y que, en todo caso, «la medida más inmediata sea la liberación de los presos políticos».

Parenti sostuvo que la voz de las víctimas «logra cosas» y por eso deben hacerse oír en foros internacionales, para «no dejar el futuro del país en manos de personas que no forman parte de su grupo. Los que negocian -añadió- no son los que pusieron muertos y heridos».

Entre los asistentes a la charla en Nueva York se identificaron algunos exiliados, como una periodista de un medio oficialista que denunció persecución política tras su renuncia, Odalya Fernández, y un hombre que dijo haber sido detenido durante tres días, Alejandro Alemán, ambos escépticos con el diálogo y en busca de respuestas.

Moderado por Arturo Aguilar, director ejecutivo de Seattle International Foundation, en el debate participó también el exembajador y analista estadounidense John Feeley, con 29 años de experiencia en Latinoamérica y para quien, en referencia a las víctimas, es «difícil organizarse porque el Gobierno te persigue».

Preguntado por Efe, Feeley opinó que una intervención de EE.UU. en Nicaragua «sería contraproducente», y dijo esperar que la diplomacia del gigante norteamericano sea «transparente y multilateral» en este asunto, aunque «Venezuela es el tema del día».

En el periodo analizado por el GIEI sin una colaboración por parte del Estado nicaragüense, pese a que se comprometió a ello, los expertos enumeraron 109 muertes, de las cuales 100 permanecen impunes y otras 9 «han sido judicializadas» como «casos en los que se inculpaba a chivos expiatorios», denunció Claudia Paz y Paz.

El informe también afirma que el «sistema de justicia penal fue un engranaje más en la cadena de violaciones de derechos humanos» y prueba de ello son las cifras de presos políticos, que varían entre 300 y 600, apuntó la experta, y no se han basado «en investigaciones fundamentadas sino en perseguir criminalmente la disidencia».

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