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Caracas, 9 abr (EFE).- La Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano denunció este martes la desaparición de 80 indígenas pemones, habitantes de una región fronteriza con Brasil, tras los enfrentamientos y protestas del último fin de semana de febrero cuando la oposición intentó ingresar la ayuda humanitaria.
«Unos 80 desaparecidos que no se sabe qué pasó con estos hermanos pemones (…) qué ocurrió con estos hermanos pemones», dijo en rueda de prensa la presidenta de esta comisión, la opositora Dennis Fernández, al presentar un informe sobre lo ocurrido en la población de Santa Elena de Uairén, estado Bolívar (sur), el pasado febrero.
«No sabemos si están vivos o están muertos, es una situación muy grave, hay que ponerle la lupa», agregó la parlamentaria, quien reiteró que, según la cifra que maneja la comisión, por los hechos registrados en esa localidad hubo siete muertos.
Entre el 21 y 22 de febrero los diputados opositores del Parlamento se trasladaron a las fronteras de Venezuela para buscar el día 23 la ayuda humanitaria que se almacena en Colombia y Brasil, pero que no pudo ingresar debido al bloqueo de los organismos de seguridad ordenado por el Gobierno de Nicolás Maduro.
El bloqueo, que implicó el cierre de las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, provocó protestas en las regiones fronterizas y, según el Parlamento, en Santa Elena de Uairén hubo una «masacre» del pueblo pemón cuando se enfrentó a los organismos de seguridad exigiendo el ingreso de las donaciones.
Fernández dijo este martes que la población indígena fue víctima de una «arremetida brutal» por parte de las fuerzas de orden y de grupos civiles armados.
Aseguró que el poblado es hoy «tierra de nadie», pues en medio de la situación algunos indígenas huyeron hacia Brasil.
«Entre 80 y 120 desplazados huyendo para preservar sus vidas hacia Brasil, hacia Boa Vista», apuntó.
La legisladora dijo que desde que se ordenó el cierre de fronteras 651 niños y adolescentes que estudian en Brasil no han podido cruzar hacia el país vecino.
«(Hay) 319 brasileros afectados por el cierre fronterizo», aseguró.
La comisión solicitará al Parlamento llevar este informe a la Corte Penal Internacional y otros organismos internacionales para denunciar la «violación de los derechos humanos» de la población indígena.
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