Washington, 23 abr (EFE). – Gustavo Tarre, representante en la OEA del presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que su país “volverá” al sistema interamericano de derecho, cuyos pilares son la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), con sede en San José (Costa Rica).
“Mis primeras gestiones oficiales serán la solicitud del reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, reconocer la jurisdicción de la Corte de San José y acatar las decisiones de la Comisión Interamericana, dejando sin efecto la vergonzosa decisión tomada en el año 2012”, afirmó durante su primer discurso en una reunión del Consejo Permanente de la OEA.
Tarre ya había dicho a la prensa que la vuelta al sistema interamericano sería una de sus prioridades; pero es la primera vez que los expresa ante la organización.
Hace dos años, el Gobierno de Nicolás Maduro inició el proceso para sacar a Venezuela de la OEA; y, además, en 2012, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, (1954-2013) denunció la Convención Americana de Derechos Humanos y sacó a Venezuela de la jurisdicción de la Corte IDH.
“La única función estatal que ejerce Nicolás Maduro es la represión y el uso de la fuerza para sembrar la muerte y el desasosiego”, aseveró Tarre, que el 10 de abril asumió el cargo de representante de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, presidida por Guaidó.
En su discurso, de unos 15 minutos, Tarre argumentó que Maduro no puede seguir siendo reconocido como presidente de Venezuela porque no cumple con su obligación de proteger a su pueblo al haber “destruido” los sistemas educativo y sanitario y no ofrecer servicios esenciales de transporte o electricidad.
Tarre presentó el Plan País para recuperar a Venezuela de la crisis en que se encuentra sumida gracias al régimen de Maduro, a quien acusó de “sembrar muerte y desasosiego”.
Dijo que, para alcanzar el despegue económico de Venezuela, el país necesita dinero fresco. “En materia fiscal la emergencia humanitaria y el colapso de los servicios públicos exigen una significativa expansión fiscal financiada con recursos externos.
Consideró que una de las prioridades será ayudar a los mas vulnerables mientras dure la crisis.
Tarre destaco que el Plan País también establece “la necesidad de implementar mecanismos transparentes y consensuados de determinación y actualización del salario mínimo y pensiones, según lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.
En este sentido se refirió a que el régimen venezolano ha venido fijando unilateralmente los salarios, lo cuales “son devorados inmediatamente por la inflación”.
Asimismo, se refirió a los programas sociales que “ocupan un lugar fundamental”, ya que “el desastre económico ha traído un incremento inaudito de los niveles de pobreza”, y por esto se hace indispensable estas medidas para los más desvalidos.
Cuando el enviado de Guaidó comenzó su intervención, representantes de cuatro Estados (Barbados; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; y Trinidad y Tobago) se levantaron de sus sillas.
El Consejo Permanente de la OEA aprobó el 9 de abril una resolución que resuelve “aceptar el nombramiento del señor Gustavo Tarre como representante permanente, designado de la Asamblea Nacional, hasta que se celebren nuevas elecciones y el nombramiento de un Gobierno democráticamente electo”.
El texto identifica a Tarre como representante de la Asamblea Nacional y no menciona a Venezuela; pero los países que avalaron la resolución y la Secretaría General de la OEA lo han interpretado como un reconocimiento para que pueda ejercer como embajador.
Sin embargo, nueve estados miembros de la OEA (Uruguay, México, Nicaragua, Guyana, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Bolivia, Barbados, San Cristóbal y Nieves) expresaron hoy martes su rechazo a esa resolución y reiteraron que se reservan el derecho a desobedecer las medidas que se aprueben con base en ese texto.