Detención preventiva para presuntos testaferros de expresidente Alan García

El fiscal Pérez señaló que Atala es el primer testaferro confeso de García.

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AME3521. LIMA (PERÚ), 22/04/2019.- Miguel Atala, exvicepresidente de Petroperú y quien confesó haber sido el testaferro del expresidente Alan García. EFE/EDUARDO CAVERO

Lima, 30 abr (EFE).- Un juez peruano ordenó prisión preventiva durante 36 meses para Luis Nava, el exsecretario de la Presidencia del fallecido Alan García, y arresto domiciliario por el mismo período para el exfuncionario Miguel Atala, quien confesó ante la Fiscalía haber sido testaferro del exgobernante.

La decisión fue anunciada este martes por el juez Juan Carlos Sánchez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente de la Corte Superior de Justicia, tras pedido del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.

La fiscalía imputa a Nava la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión, mientras que acusa a Atala de lavado de activos, en ambos casos como presuntos miembros de una organización criminal.

La decisión del juez Sánchez fue aceptada por el fiscal Pérez y por la defensa de Atala, exvicepresidente de la petrolera estatal Petroperú, mientras que la de Nava manifestó su disconformidad y anunció que apelará.

Pérez informó al inicio de la audiencia que variaba su pedido de detención de Atala por el arresto domiciliario, porque el exfuncionario ha sido amenazado por una «fuerza de choque» del Partido Aprista Peruano (PAP), que lideraba García, tras haber decidido colaborar con la Justicia.

El fiscal pidió que se abra una investigación para identificar a los miembros de este presunto grupo.

Pérez señaló que Atala es el primer testaferro confeso de García, quien se suicidó hace dos semanas antes de ser detenido por esta investigación vinculada con el caso Odebrecht en Perú.

Según las actas leídas por el fiscal, el exfuncionario confesó que se hizo apoderado de la empresa en Andorra Ammarin Investment para recibir 1,3 millones de dólares de Odebrecht entre 2007 y 2009, y que el propio García le confirmó que el dinero en esa cuenta era suyo y le pidió que se lo fuera entregando progresivamente,

Agregó que Nava lo contactó a fines de 2007 para pedirle que sea apoderado de la empresa y le dijo que ahí recibiría dinero «legal», aportado por empresas privadas.

El exfuncionario explicó que «cada vez que (García) necesitaba dinero» de esa cuenta lo llamaba por teléfono previamente y lo «citaba a diversos lugares», entre los que mencionó al Palacio de Gobierno, sus domicilios en los distritos limeños de Surco y Miraflores y al instituto que el exmandatario dirigía en una universidad privada.

Alan García era investigado por el fiscal Pérez por su presunta implicación en los sobornos que entregó Odebrecht para obtener el contrato para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, la carretera Interoceánica sur y otras obras de infraestructura.

Tras leer la confesión, el fiscal concluyó ante el tribunal que el dinero que aparece como aporte a Ammarin Investment INC en los documentos del sistema Drousys o MyWebDay de la Caja 2 de Odebrecht, «corresponde, como lo ha dicho en su confesión Miguel Atala Herrera, a quien fuera presidente de la República Alan García».

La Fiscalía señala que Odebrecht también habría entregado otros 3 millones de dólares a García, mediante Nava, tal como declaró a Pérez el exsuperintendente de la compañía en Perú Jorge Barata.

Durante la audiencia se informó que el hijo de Atala, Samir Atala, tendrá comparecencia restringida en esta investigación, al igual que el hijo de Luis Nava, José Nava, quien también ha confesado a la Fiscalía que su padre recibió los aportes de Odebrecht para el exmandatario, según reveló Pérez.

La defensa de Nava señaló, por su parte, que los hechos imputados están prescritos y negó que se haya podido sustentar su vinculación con la comisión de los delitos de colusión y lavado de activos.

Por su parte, los legisladores del Partido Aprista rechazaron las declaraciones de Atala y pidieron que sean corroboradas por las autoridades antes de tomarlas como un hecho concluyente.

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