Bukele asume Gobierno salvadoreño con economía débil por deuda y corrupción

La solución de los problemas económicos del país, dicen los analistas, pasa por la formulación de acuerdos entre el Ejecutivo de Bukele y el Congreso.

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Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el país vive una crisis fiscal de «gran envergadura». EFE/ Rodrigo Sura

Hugo Sánchez

San Salvador, 31 may (EFE).- Nayib Bukele asume este sábado la Presidencia de El Salvador con una economía debilitada por una baja recaudación fiscal, que ha llevado al país a endeudarse constantemente, y por la corrupción en los más altos niveles políticos.

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Bukele, empresario de 37 años, tendrá que gobernar lo que resta del 2019 con un presupuesto que necesitó una financiación extra de 1.297 millones para pagar vencimiento de deuda y cubrir gastos.

Este presupuesto es solo una muestra de la forma en la que Gobierno y Congreso han cubierto constantemente el hueco del déficit fiscal, sin tocar el sistema de recaudación que urge de una reforma.

Según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el país vive una crisis fiscal de «gran envergadura» por lo que ha propuesto a los políticos, incluido Bukele, buscar una reforma integral del sistema tributario.

Entre las medidas se incluye instaurar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) «diferenciado» para los bienes de lujo, aplicar impuestos ambientales y eliminar «privilegios fiscales injustificados».

Pese a que los ingresos tributarios se han mantenido constantes, según los registros oficiales, estos han sido insuficientes para cubrir el gasto corriente del Estado.

Nuevamente el presupuesto actual sirve de ejemplo: los gastos presupuestados, a falta de la aprobación de 286 millones de dólares, son de 6.713,2 millones y la recaudación estimada es de 4.832,8 millones.

Esta situación tributaria le pasó factura a la administración saliente en 2016, cuando estuvo cerca caer en el impago de sus obligaciones a corto plazo con los proveedores por una «crisis de liquidez» tras la baja en la recaudación de impuestos por unos 300 millones de dólares.

Entre las vías de alivio propuestas por los especialistas también se encuentran la reducción de la evasión fiscal, que solo en 2016 llegó a 1.038 millones de dólares, según datos del Ministerio de Hacienda, mientras que estudios universitarios estiman este dato en 1.500 millones anuales.

La constante emisión de deuda mediante bonos, Letras del Tesoro (LETES) y préstamos ha llevado al país a deber 18.401,2 millones de dólares, lo que representa el 71,2 % del PIB del país.

El tema de las pensiones merece también una especial atención del Gobierno principalmente por el tema social, dado que organizaciones piden constantemente una revisión por la baja paga que reciben los nuevos pensionados.

Los Gobiernos anteriores no solo se endeudaron con bancos y compradores de bonos, sino que tomaron el dinero de los trabajadores manejado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para financiar su gasto mediante un fideicomiso.

Esta forma de deuda suma 4.924,6 millones, incluidos en los 17.401,2, y la falta de recursos para cubrir su pago en cuotas llevó al país al impago en abril de 2017.

Esto dio al traste con la imagen financiera de El Salvador y para evitar un nuevo impago el Gobierno y el Legislativo impulsaron y aprobaron una nueva reforma al sistema de pensiones, con lo que se incrementó la cotización de los trabajadores del 13 al 15 % de su salario.

Los detractores de la iniciativa señalan que solo significó cobrar más dinero a los trabajadores para pagar la deuda que el Estado tiene con ellos mismos.

Una lacra que ha debilitado aún más la economía del país centroamericano es la corrupción en los más altos niveles políticos.

Solo la malversación de fondos atribuida a la administraciones de Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) supera los 666 millones de dólares.

Saca fue condenado a 10 años de prisión en 2018 tras confesar ante un tribunal el desvío y lavado de más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal.

Flores, hasta antes de su muerte en 2016, enfrentaba un proceso penal por la supuesta malversación de 15 millones de dólares de donaciones taiwanesas, mientras que Funes, asilado en Nicaragua, enfrenta una causa por el desfalco de más de 351 millones.

La solución de los problemas económicos del país, dicen los analistas, pasa por la formulación de acuerdos entre el Ejecutivo de Bukele y el Congreso, donde únicamente tienen asegurados 11 votos de los 84 diputados.

El referido órgano de Estado es dominado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) con 37 y 23 diputados, respectivamente.

No obstante, Bukele podría revertir la situación en el año 2021 con las elecciones legislativas, en las que Arena y el FMLN corren el riesgo de perder influencia en el Congreso por el descontento de la población, mismo que los llevó a perder las presidenciales en febrero.

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