Violencia e incertidumbre estremecen campaña electoral de Guatemala

La campaña para los comicios del próximo 16 de junio ya suma 10 candidatos muertos y un presidente de junta electoral asesinado

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Vista del foro presidencial que este domingo se celebró en Guatemala de cara a a las elecciones generales del próximo 16 de junio, al que no asistió la exprimera dama y aspirante por el partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, los asistentes coincidieron en destacar su compromiso contra la corrupción. EFE/EDWIN BERCIÁN

 

Emiliano Castro Sáenz

Guatemala, 4 jun (EFE). – La muerte del candidato a alcalde de San José Pinula del partido Fuerza, Óscar de la Cruz, el pasado martes, profundiza en la huella de violencia y falta de certeza que ha hundido a la campaña electoral de Guatemala, que ya suma 10 candidatos muertos y un presidente de junta electoral asesinado.

De la Cruz falleció a su ingreso al hospital. Había sido trasladado de su casa hacia un centro asistencial de San José Pinula (en la zona metropolitana de Ciudad de Guatemala) por un disparo que ingresó por su boca y salió por la parte trasera de su cráneo.

Una muerte en condiciones desconocidas que estremeció al partido Fuerza, cuyo candidato presidencial, Mauricio Radford, calificó como «un ataque más» y que luego matizó pidiendo la Fiscalía que investigue los hechos, de los que posteriormente refirió que «Dios es el único que puede juzgar».

Al fallecimiento de Óscar de la Cruz le preceden los homicidios a nueve candidatos locales y un presidente de una junta electoral. El panorama, como suele ser en tiempo electoral en Guatemala -y en el día a día de la población- es incierto.

Según el segundo informe del consorcio Mirador Electoral, han sido cuatro muertos del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) y una de los partidos Humanista, Vamos y del Comité Cívico Milpa, las víctimas de la violencia electoral.

Además de los asesinatos y de la muerte no esclarecida del candidato de Fuerza a San José Pinula, también hubo un secuestro a un candidato a diputado, quien fue liberado tres días después de su desaparición.

Se trata del candidato a diputado del distrito sureño de Retalhuleu del Partido Unidos, Lee Dean Kenson Ramírez, quien la semana pasada fue rescatado por la Policía Nacional Civil en el departamento central de Chimaltenango tras un operativo en el que no se realizó ninguna captura, según admitió la fuerza armada.

La falta de «contundencia» del Ministerio del Interior que, contrario a anteriores sufragios, «no ha manifestado un apoyo sin ninguna reserva para la realización de las elecciones», es una de las causales del desasosiego electoral, sostiene el sociólogo y coordinador de Mirador Electoral, Gustavo Berganza.

Esa «ambigüedad» de las autoridades se suma a la figura del presidente, Jimmy Morales, quien semanas atrás habló de que podía ocurrir «una tragedia», algo que «genera dudas» para el proceso.

Un espaldarazo al proceso y un «despliegue de la fuerza pública en zonas conflictivas» podrían evitar hechos lamentables como los que ya se han vivido en el país centroamericano, razona Berganza.

La magistrada del Tribunal Supremo Electoral y responsable de la Comisión de Prevención de la Conflictividad Electoral del ente, María Eugenia Mijangos, dijo estar «consternada» por el asesinato del presidente de la Junta Electoral Municipal de San José Acatempa, Rudy Amán Monzón Herrera, el pasado 21 de mayo.

Ese día, Mijangos manifestó que el asesinato de Monzón «lamentablemente nos demuestra que falta mucho para lograr procesos electorales libres de violencia».

Una dimensión violenta que no escapa a la cotidianeidad, a criterio de la analista Gabriela Carrera, quien recuerda que la violencia electoral comenzó en 2018 con ataques sistemáticos al brazo político del MLP, a campesinos y a defensores de DD.HH..

Carrera asegura que hay una divergencia respecto de hace cuatro años, cuando se vivió un proceso de «mucha observancia» de la población, que vivía la efervescencia de la lucha anticorrupción que derrocó al Gobierno que encabezó el general retirado Otto Pérez.

Pero la violencia electoral de 2018 y 2019 se enmarca también en esa «reconfiguración de actores, en la ofensiva de retroceso y un panorama más oscuro» que tiene por presa al nivel departamental, ajeno a los índices de participación de las zonas urbanas, concluye.

En ese clima, la experta en resolución de conflictos Claudia Villagrán considera que la propia jornada electoral está expuesta a «quema de urnas o movimientos grupales para cuestionar las elecciones», como el amago que hizo un grupo de militares retirados que amenazaron con colocar bombas el día del sufragio sino obtenían su resarcimiento del conflicto armado.

Hay otro factor que agrega el jefe del Área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (pública), Édgar Celada: el narcotráfico.

La expansión del narco en el llamado «corredor del narcotráfico», en municipios aledaños a las zonas fronterizas, como el oriente, norte y la costa sur «son territorios en constante disputa».

En ese caldo de cultivo también se juega la libertad de expresión y los constantes ataques a la prensa, como la pugna de la candidata que lidera la intención de voto, Sandra Torres, en su afán de impedir la fiscalización del medio local el Periódico.

Su denuncia por violencia contra la mujer contra el medio, avalada por un juzgado de Femicidio que «prohibió» al rotativo publicar en su contra, pone en relieve el riesgo de la libertad de expresión en un país que ocupa el puesto 116 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa.

Según la cartera del Interior, hay 88 municipios identificados como «violentos o conflictivos». Para el día de la elección, el próximo 16 de junio, toda la fuerza efectiva de la Policía Nacional Civil (42.300 agentes) estará disponible desde dos días antes y uno después de los comicios.

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