Entra en vigor polémica Ley de Amnistía en Nicaragua, pese a rechazo de reos

Sin embargo, el régimen de Ortega dijo que la legislación “no puede, ni debe, entenderse de ninguna manera, como borrón y cuenta nueva”.

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El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, dijo que a pesar de la entrada en vigor de la ley de Amnistia, «si vuelven a repetir, entonces inmediatamente se activa la cuenta que está pendiente, la factura, ahí se reactiva y tenés que volver a la posición anterior y, además, se agrega, los delitos que cometas», indicó.. EFE/Jorge Torres

 

Managua, 10 jun (EFE). – El Gobierno de Nicaragua puso este lunes en vigor una polémica Ley de Amnistía que vendrá a absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace un año y que ha dejado cientos de muertos, pese al rechazo de los denominados «presos políticos».

La entrada en vigencia de esa norma fue ordenada por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

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Sin embargo, el régimen de Ortega advirtió que esta ley «no es borrón y cuenta nueva». «Proclamamos y juramos que esta Ley de Amnistía, con compromiso de no olvido, no repetición, no puede, ni debe, entenderse de ninguna manera, como borrón y cuenta nueva», señaló el Gobierno, que calificó la iniciativa como un «acto heroico de reconciliación nacional».

Asimismo, el Ejecutivo señaló que muchos de esos crímenes fueron cometidos «por algunas personas que se consideran religiosos, y que promovieron, fomentaron y acompañaron, hasta personalmente, estos actos de horror, de tortura, de humillación y de atentados contra la vida y dignidad de las personas y familias de Nicaragua».

El presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, coincidió con este mensaje ante la prensa.

«Si vuelven a repetir, entonces inmediatamente se activa la cuenta que está pendiente, la factura, ahí se reactiva y tenés que volver a la posición anterior y, además, se agrega, los delitos que cometas», indicó.

Este mismo lunes, con base en esa Ley, el Ministerio de Gobernación ordenó la liberación de 50 personas que estaban detenidas «por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública» y que la oposición califica de prisioneros políticos.

El Comité Pro Liberación de Presos Políticos de Nicaragua rechazó esa Ley y acusó a Ortega de aprobar «la amnistía para encubrir sus crímenes cometidos por policías y paramilitares del régimen» en el marco de las protestas.

El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente esa Ley que concede «amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha».

La Ley ordena a las autoridades competentes a cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias, y liberar de forma inmediata a las personas que se encuentran en la cárcel al momento de la entrada en vigor de la Ley.

La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado parte.

La iniciativa ha sido rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.

Según la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales «a su gente», entre los que mencionan a la Policía Nacional y a los civiles armados que con las fuerzas de las armas levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que «el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas».

«Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones», recalcó la alta comisionada.

Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas «parapoliciales» con armas de guerra, para atacar a civiles.

La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.

También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trataron de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.

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