Expertos penales confirman que dictadura Ortega secuestró a opositores

Entre los casos de secuestro a los que tuvieron acceso los expertos, está el del veterano maratonista Alex Vanegas, capturado mientras cantaba el Himno Nacional de Nicaragua.

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Cristian Fajardo (c) y su esposa María Adilia Cerrato (dcha), ambos fueron secuestrados y posteriormente liberados por la dictadura Ortega bajo una cuestionable ley de amnistía. EFE/Jorge Torres

Managua, 13 jun (EFE).- Un grupo de expertos en derecho penal y derecho procesal penal concluyó este jueves que el Gobierno de Nicaragua incurrió en el delito de secuestro al detener a las personas que protestaron contra el presidente Daniel Ortega desde el estallido social de abril de 2018.

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El denominado Grupo Acción Penal, determinó que al momento de detener a los manifestantes, las autoridades violaron la Constitución de Nicaragua, luego de analizar los 15 expedientes judiciales de «presos políticos» a los que tuvieron acceso, de un total que superó los 800.

«Efectivamente ha habido caso de secuestros, detención ilegal y ocultamiento de detenidos», dijo la experta penal Asunción Moreno, al presentar un estudio, que definió como un análisis jurídico procesal de los casos.

Según Moreno, el grupo logró «verificar que nuestra Constitución Política fue abiertamente violentada, no fue respetada por las distintas autoridades involucradas en los procesos penales que se abrieron a partir de la insurrección de abril de 2018».

Entre los casos de secuestro a los que tuvieron acceso los expertos, están el del veterano maratonista Alex Vanegas, capturado mientras cantaba el Himno Nacional de Nicaragua, o el de Carlos Valle, un exconcejal opositor que pedía en las calles que su hija manifestante fuera liberada de prisión.

«El estudio ha constatado, como patrón general, que se ha utilizado de forma incorrecta el derecho penal, se ha utilizado para criminalizar a manifestantes que solamente ejercían su derecho a protestar», indicó la experta.

Los especialistas además detectaron «patrones de conducta institucional violatorios de todos los elementales derechos y garantías que todos los seres humanos tenemos reconocidos, por el simple hecho de ser personas».

También «que la congruencia de los hechos que narraba el Ministerio Público en las audiencias no tenían ninguna adecuación típica, es decir, no se ajustaba a lo que estaba previsto en el Código Penal», resaltó Moreno.

Un ejemplo de dichas incongruencias citado por los expertos es el de las detenciones de manifestantes que portan la bandera nacional, ya que el Código Penal no reconoce como delito cargar los símbolos patrios.

El grupo recomendó a los operadores de justicia que «reflexionen sobre su actuar en el cumplimiento de las funciones establecidas en la ley».

También recordaron que el secuestro es castigado en Nicaragua con 1 a 6 años de prisión, y hasta 12, más inhabilitación, si es cometido por una autoridad o funcionario valiéndose de su cargo, o bien por una persona que finge ser empleado del Estado, incluso si oculta información de la víctima o no la entrega.

Los expertos descalificaron la reciente liberación de cientos de «presos políticos» bajo la polémica Ley de Amnistía, pues consideran que «los inocentes no necesitan amnistía, necesitan ser declarados inocentes».

Los arrestos de manifestantes, clasificados como secuestros por los expertos jurídicos, se han ejecutado desde junio de 2018 en el marco de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, así como decenas de miles en el exilio.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno de Ortega por la violencia en la crisis, reporta al menos 325 muertos, organismos humanitarios locales suman 594, y las autoridades reconocen 199.

Los expertos del Grupo Acción Penal destacaron que «no analizaron las violaciones a la integridad física», ni los «tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas privadas de libertad».

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