Parlamento de Nicaragua cambia ley para mantener a presidente sancionado

Gustavo Porras continuará como presidente del Poder Legislativo.

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Porras es uno de los principales aliados de la dictadura de Daniel Ortega. (Youtube)

Managua, 25 jun (EFE).- La mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua reformó este martes su ley creadora para no destituir a su presidente, Gustavo Porras, quien ha recibido sanciones internacionales por elaborar leyes «punitivas» y «paralizar» las inconformidades presentadas contra el Gobierno.

Las sanciones económicas de Estados Unidos y Canadá impiden a Porras realizar cualquier trámite con personas e instituciones relacionadas con ambos países, por lo que técnicamente no podía seguir siendo titular del Poder Legislativo, sin embargo, los sandinistas reformaron la ley para no cambiar a su presidente, identificado como el principal colaborador político de Ortega.

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La bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) cambió la Ley Creadora de la Asamblea Nacional con 70 votos de 92 posibles.

Según las reformas, Porras continuará como presidente del Poder Legislativo, pero únicamente tendrá la representación política del mismo, mientras que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, también dominada por una mayoría sandinista, deberá elegir a un secretario ejecutivo, que se encargue de la administración del presupuesto y del personal de la entidad.

«Para mí es un orgullo, un reconocimiento, una condecoración, que el imperio asesino hable de lo que él le llama sanción, esa es la condecoración a los nicaragüenses dignos», dijo Porras tras la votación.

Previamente el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) propuso destituir a Porras en vez de cambiar la ley, sin éxito.

La sanción a Porras y el cambio de la Ley de la Asamblea Nacional se da en medio de una crisis sociopolítica que ha dejado cientos de personas muertas, presas o desaparecidas, en protestas contra el presidente Ortega, desde la denominada «insurrección cívica» del 18 de abril de 2018.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula en 326 el número de muertos, aunque organismos locales citan hasta 594, y el Gobierno reconoce 200.

La CIDH sostiene que el Gobierno de Nicaragua ha ejecutado crímenes «de lesa humanidad» en el marco de la crisis.

Un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua está en marcha actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA), por rompimiento del orden institucional. De ejecutarse, el país centroamericano sería suspendido del organismo continental.

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