Claves del atentado terrorista que dejó 85 muertos en Argentina hace 25 años

La expresidenta Cristina Fernández es sospechosa de realizar un trato para encubrir los terroristas iraníes por afinidades ideológicas.

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El precandidato a la presidencia de Argentina, Alberto Fernández (c), declaró este miércoles en un tribunal de Buenos Aires, sobre el pacto del 2013 con el que la Justicia cree pretendía encubrir a terroristas. EFE/ Enrique García

Buenos Aires, 18 jul (EFE).- El atentado contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos en 1994, ha transitado hasta ahora una investigación llena de irregularidades y acusaciones de encubrimiento contra expresidentes del país y ha vivido oscuros capítulos como la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Estos son los principales datos acerca del suceso, por el que nadie cumple condena -sí por encubrimiento en el proceso judicial- y es atribuido por la Justicia argentina a ex altos cargos del Gobierno de Irán y al partido chií libanés Hizbulá:

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1. NO ERA LA PRIMERA VEZ

El atentado, perpetrado a las 9.53 hora local (12.53 GMT) del 18 de julio de 1994, se produjo solo dos años después de que otra explosión arrasara la Embajada de Israel de Buenos Aires, que dejó otros 29 muertos y también sigue impune.

Cuando todavía resonaban los ecos del horror de aquel ataque, un coche bomba explotó frente a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que ese año cumplía su primer centenario dedicada a promover el bienestar social de la comunidad judía en el país, la más numerosa de Latinoamérica.

El suceso dejó 85 fallecidos y unos 300 heridos, entre ellos no solo miembros de la colectividad hebrea, sino también personas que trabajaban cerca de la mutua o paseaban por la calle.

Las tareas de rescate de los sobrevivientes y de los cuerpos atrapados entre los escombros duró varios días y la sede de la institución desapareció por completo.

2. INICIO DE LA INVESTIGACIÓN

Poco después, el juez y los fiscales del caso establecieron que el ataque fue cometido con una camioneta «Trafic» y establecieron como responsables a la República Islámica de Irán y a Hizbulá, con apoyo de una «conexión local».

El 27 de julio, la Policía detuvo al argentino Carlos Telleldín, acusado de facilitar el vehículo con la que se cometió el atentado y quien posteriormente acusó a la Policía bonaerense de estar involucrada en el ataque.

El juez Juan Galeano también llegó a ordenar la captura de diversos diplomáticos iraníes y fueron arrestados un argentino y un tunecino por su presunta vinculación con el atentado.

3. PRIMER JUICIO

El 24 de septiembre de 2001 comenzó el primer juicio por lo ocurrido en la AMIA, con Telleldín y los policías Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastacio Ireneo Leal y Mario Norberto Bareiro en el banquillo.

Asimismo, en agosto de 2003 es detenido en Londres el iraní Hade Soleimanpour, embajador de su país en Argentina cuando ocurrió el atentado. Pero tres meses después, el Gobierno británico rechaza su extradición al considerar que no había pruebas suficientes.

Ya en diciembre, un tribunal superior aparta del caso al juez Galeano y lo reemplaza por Rodolfo Canicoba Corral.

En septiembre de 2004, tras tres años de juicio, el Tribunal Oral Número 3 absuelve a los 22 acusados de complicidad en el atentado por falta de pruebas y la Procuración General de Argentina crea una Fiscalía especial dirigida por Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos.

4. EL LARGO CAMINO AL SEGUNDO JUICIO

En 2006, la Justicia declara prófugos a nueve ciudadanos iraníes, entre ellos el expresidente Hashemi Rafsanjani -fallecido en enero de 2017-, a quienes acusa de complicidad en el atentado. Al año siguiente, Interpol anuncia órdenes de arresto contra nueve personas, ocho de ellas iraníes.

Nisman pide en mayo de 2008 la detención y el procesamiento del expresidente Carlos Menem (1989-1999) -que no pudo ser arrestado por tener fueros como senador-, de su hermano Munir, del juez Galeano, del excomisario Jorge «Fino» Palacios y del extitular de los servicios secretos Hugo Anzorreguy, por presunto encubrimiento en la investigación.

Ya en septiembre de 2009, la entonces jefa de Estado, Cristina Fernández (2007-2015), pide en las Naciones Unidas a Irán que colabore con la investigación.

La elevación a juicio de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado, con Menem y otros cinco procesados, llegó en marzo de 2012, aunque el comienzo de la vista oral finalmente se produjo en 2015.

5. FIRMA DEL ACUERDO CON IRÁN

El 27 de enero de 2013, Cristina Fernández anuncia la firma de un memorándum de entendimiento con Irán que incluye la creación de una comisión especial para investigar de forma conjunta entre los dos países el atentado contra la AMIA.

«Después de casi 19 años del atentado, se logra por primera vez un instrumento legal de derecho internacional entre Argentina e Irán para avanzar en el conocimiento y la verdad sobre el ataque terrorista», dijo la presidenta ese día.

Este acuerdo, que solo entraría en vigor tras su aprobación en los parlamentos de ambos países, generó desde el primer momento un fuerte rechazo entre asociaciones de judíos residentes en Argentina.

Si bien el 27 de febrero el congreso argentino llegó a sancionar el memorándum, en Irán nunca llegó a aprobarse y no entró en vigor, a lo que se suma la decisión de la Justicia del país suramericano, en mayo de 2014, de declarar inconstitucional el pacto.

6. DENUNCIA A LA PRESIDENTA Y MUERTE DE NISMAN

En pleno verano, el 14 de enero de 2015 el fiscal Nisman denuncia a Fernández, a su canciller, Héctor Timerman y a otros altos cargos por una presunta negociación, a través del polémico acuerdo, para encubrir a los iraníes prófugos acusados del atentado eliminando las alertas rojas de detención de Interpol.

Diversos diputados opositores pidieron al fiscal que compareciera en el Congreso para detallar la acusación.

Pero eso nunca llegó a suceder. En la víspera de esa cita, Nisman fue encontrado tirado en el baño de su apartamento con un tiro en la cabeza y sin vida.

En medio de la conmoción social por lo ocurrido, la presidenta llegó a denunciar que detrás de la muerte del fiscal había una «operación contra el Gobierno», según expresó en una carta titulada «Los espías que no eran espías. Los interrogantes que se convierten en certeza. El suicidio (que estoy convencida) no fue suicidio».

La mandataria estaba «convencida» de que a Nisman «le plantaron pistas falsas» para denunciar al Poder Ejecutivo y «lo usaron vivo y después lo necesitaban muerto».

Como había pasado con el atentado, la investigación del fallecimiento estuvo plagado de acusaciones de irregularidades desde el principio, principalmente hacia la primera fiscal del caso, Viviana Fein.

Actualmente, tras más de cuatro años de la muerte de Nisman, en los que se intensificó el debate sobre si fue un suicidio o un asesinato, solo está procesado Diego Lagomarsino, informático y colaborador del fiscal, como «partícipe primario del homicidio», ya que era suya el arma que acabó con su vida.

En la mira están también sus custodios, por incumplir su deber de protegerlo.

Al mismo tiempo, y tras varios amagos de archivarla, la denuncia que el fiscal hizo contra Fernández salió adelante y la exmandataria se encuentra procesada por presunto encubrimiento de terroristas

7. SEGUNDO JUICIO POR EL ATENTADO

En febrero de 2019, el expresidente Menem quedó absuelto del supuesto encubrimiento de la investigación del primer juicio, aunque ocho personas fueron condenadas a entre dos y seis años de prisión.

Entre ellas el juez Galeano por resultar culpable de peculado (malversación de fondos), prevaricación, privación ilegal de libertad y encubrimiento por favorecimiento personal y violación de pruebas, pero también Anzorreguy por peculado y encubrimiento.

En el juicio quedó probado el pago de 400.000 dólares que la Secretaría de Inteligencia realizó -con autorización de Galeano- al abogado y exvendedor de vehículos usados Telleldín para que diera una declaración falsa que involucrara a policías en el atentado.

La presunta responsabilidad de Menem apuntaba al supuesto abandono deliberado de la investigación sobre el ciudadano de origen sirio Alberto Kanoore Edul, quien aparentemente tenía vínculos con la familia del expresidente.

8. TERCER JUICIO

En la actualidad, mientras avanza en el Congreso un proyecto para aprobar el «juicio en ausencia», que permitiría juzgar y condenar a los iraníes acusados del atentado, se realiza una nueva vista oral contra Telleldín -ya condenado a 3 años y seis meses de prisión-, por el acondicionamiento y entrega de la camioneta presuntamente usada para la explosión.

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