Investigan muerte de excargo de Chávez que colaboraba con Justicia española

El Tribunal español pidió este martes confirmar la causa de su fallecimiento.

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El pasado viernes Márquez había declarado ante un magistrado español por un caso de corrupción en PDVSA. (Youtube)

Madrid, 22 jul (EFE).- La Audiencia Nacional española investiga la muerte de Juan Carlos Márquez, directivo de la petrolera venezolana PDVSA durante la época de Hugo Chávez, quien colaboraba con la Justicia en el caso sobre la trama de blanqueo del exembajador de España en Venezuela Raúl Morodo.

El Tribunal español pidió este martes confirmar la causa de su fallecimiento, ya que su cuerpo fue encontrado sin vida en España con signos de un posible suicidio.

En un principio se informó erróneamente de que Márquez había cogido un avión para fugarse a EEUU, ya que el magistrado del caso, Santiago Pedraz, fue informado de que figuraba en la lista de pasajeros de un vuelo a Chicago y de que las autoridades norteamericanas iban a ordenar su deportación inmediata a España.

Pedraz le había tomado declaración el pasado viernes tras ser detenido y le dejó en libertad con medidas cautelares ya que había colaborado confesando hechos relacionados con la trama de Morodo, según informaron a Efe fuentes de la investigación.

Estaba citado este lunes para declarar en la Audiencia Nacional, pero no se presentó, por lo que el juez pidió información a la Policía sobre su posible muerte.

A Márquez, que fue directivo de PDVSA, se le investiga dentro de la causa por la que el pasado mayo se detuvo al hijo de Raúl Morodo, Alejo, y otras tres personas que pasaron a disposición del juez y quedaron en libertad con medidas cautelares.

Aparte de Morodo padre e hijo, están siendo investigados y fueron detenidos Carlos Prada, un venezolano afincado en España vinculado a los Morodo para los supuestos cobros y el blanqueo, la mujer de este y la esposa de uno de los investigados.

En el caso se indaga el cobro de 4,5 millones de euros de PDVSA por parte de Morodo hijo mediante supuestos contratos falsos de asesoría legal suscritos con la petrolera entre 2012 y 2015, cuando Raúl Morodo ya no era embajador en Venezuela.

Según sospecha la Fiscalía española, el dinero se blanqueó luego mediante una compleja trama de sociedades creadas por el hijo y otros investigados.

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