Exdiputado venezolano dice que la fiscal de la CPI debería ser inhabilitada

El exdiputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra la dictadura de Venezuela, a pesar de que "se han formalizado más de 110 denuncias", aseguró.

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El exdiputado y exembajador fue detenido durante siete horas en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania; cuando se trasladaba a la Corte Penal Internacional (CPI) para defender una denuncia contra Nicolás Maduro. Foto: Twitter.

La Haya, 3 sep (EFE).- El exdiputado venezolano Walter Márquez dijo este martes a Efe que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, «está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente» para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra Nicolás Maduro.

Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional, estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para interesarse sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.

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El exdiputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra el Gobierno de Venezuela, a pesar de que «se han formalizado más de 110 denuncias», aseguró.

La segunda queja de Márquez contra la jurista se basa en testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de Gambia, pues dos de sus testigos la han señalado como supuesta responsable de violaciones de derechos humanos en su etapa como fiscal general y ministra de Justicia del país africano, entre 1998 y 2000.

Si Bensouda no se aparta de forma voluntaria de su cargo, el exdiputado iniciará un proceso de recusación contra ella porque «no es garantía de transparencia para Venezuela en la búsqueda de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro», indicó.

Asimismo, Márquez presentará esta semana la ampliación de una denuncia que presentó contra el Gobierno de Venezuela por las supuestas deportaciones forzosas de 22.000 colombianos en la frontera, ocurridas en 2015.

«Los objetivos son dos. Uno, que se aparte a Bensouda por ser corresponsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por omisión y, dos, que se enjuicie a Maduro por ser el responsable directo personal como jefe de Estado, como jefe de Gobierno y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas», explicó.

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