Fiscalía de la CPI analiza asesinatos en protestas de enero en Venezuela

Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año.

Se estiman más de 30 asesinatos a manos de funcionarios de la tiranía de Maduro, en el contexto de las protestas de los primeros meses del año en Venezuela (Foto: Emmanuel Rincón).

La Haya, 5 dic (EFE).- La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) dijo este jueves en un informe que en su examen preliminar sobre Venezuela ha incluido las protestas sucedidas en enero de este año en ese país, donde murieron más de 30 opositores y un oficial de policía.

La oficina de la Fiscalía, dirigida por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.

Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.

En esas mismas fechas, 131 agentes de seguridad resultaron heridos y uno fue asesinado en Venezuela, según los datos recogidos por la Fiscalía.

«Algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas», añadió Bensouda.

Por otro lado, el informe revela que entre enero y mayo de este año unas 2 000 personas fueron detenidas supuestamente en Venezuela por motivos políticos y que «la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible».

La Fiscalía vuelve a mencionar otros crímenes ya recogidos en informes de años anteriores, como las muertes de al menos 70 personas en las protestas de 2017 y los malos tratos, torturas y violaciones que supuestamente se han dado en centros de detención.

Bensouda dijo en el documento que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.

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