Banco de Inglaterra pide a la corte que arbitre sobre oro de Venezuela

Londres, 23 jun (EFE).- La cuestión de si el Gobierno del Reino Unido reconoce legalmente a Juan Guaidó, en lugar de Nicolás Maduro, al frente del Estado de Venezuela centró este martes un juicio en Londres para dirimir quién tiene acceso al oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).

El juez Nigel Teare de la división Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior británico debe dictaminar, en una fecha futura, si es la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro -y presidida por Calixto Ortega- o la paralela nombrada por Guaidó la que está legitimada para acceder a las reservas, 31 toneladas de lingotes valorados en unos 1.300 millones de dólares.

Una vez dirima qué junta es la válida, el tribunal podrá avanzar en la demanda presentada el 14 de mayo contra el BoE por Ortega, que acusa al banco británico de vulneración de contrato al no cumplir su instrucción de liquidar y transferir 930 millones de euros de esas reservas a un fondo de la ONU para que sean usados en la lucha contra la COVID-19 en Venezuela.

El BoE pidió a la corte que arbitre quién tiene el control sobre el oro después de que Guaidó, reconocido en 2019 como «presidente interino» de Venezuela por varios países, entre ellos el Reino Unido, le pidiera por carta que no se lo entregara al régimen «cleptocrático» de su rival.

Nick Vineall, abogado de la junta de Ortega, que protagonizó la jornada de ayer, mantiene por su parte que, al margen de lo que diga en sus declaraciones políticas, el Ejecutivo de Londres reconoce «de facto» a la tiranía de Maduro, puesto que mantiene con él «relaciones diplomáticas plenas, normales y recíprocas».

Fulton pide al juez que, sin entrar a examinar quién tiene el control legítimo de las instituciones en Venezuela -un asunto que, en su opinión, no le compete por no ser «justiciable» en este país-, acepte como prueba «concluyente» del reconocimiento del Reino Unido a Guaidó una declaración hecha el 4 de febrero de 2019 por el entonces ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt.

En ese comunicado, emitido después de que Maduro rechazara convocar nuevas elecciones, Hunt afirmó que «el Reino Unido ahora reconoce a Juan Guaidó como el presidente interino constitucional de Venezuela, hasta que puedan celebrarse elecciones presidenciales creíbles».

Según Fulton, la corte está obligada por la doctrina de «Una sola voz» -por la que los poderes del Estado deben proyectar unidad en las relaciones exteriores- a acogerse a este pronunciamiento sin cuestionarlo, y considerar a Guaidó representante de Venezuela.

Vineall rebate que la declaración de Hunt es «equívoca» y, aunque expresa apoyo político, de ella no se desprende que reconozca al líder opositor a todos los efectos como jefe del Estado o del Gobierno venezolanos.

Advierte incluso de que, si lo hiciera, podría violar la legislación internacional, además de «poner en riesgo» al personal diplomático británico desplazado al país latinoamericano -todo lo cual Fulton rechaza-.

Vineall arguye que, si el Gobierno británico quisiera reconocer a Guaidó «inequívocamente», no hubiera rechazado emitir un certificado acreditativo ante el tribunal, en lugar de remitirse a la declaración «ambigua» de Hunt.

El dictamen de este juez, que se emitirá en una fecha aún por determinar, servirá también para resolver un pleito iniciado por Deutsche Bank el 13 de mayo de 2019, sobre cuál de los bandos en disputa en Venezuela pueden legalmente reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de «swap» o permuta de oro.

Tras haber abordado el lunes y el martes la cuestión del reconocimiento a Guaidó, las sesiones de mañana y el jueves de este proceso examinarán el asunto de la «justiciabilidad» -si el tribunal tiene potestad para analizar la validez legal de los nombramientos hechos por el líder opositor, entre ellos a la junta «ad hoc» del BCV (declarada nula por el Tribunal Supremo de Caracas)-.

No se espera que Teare pronuncie su veredicto de manera inmediata y, en todo caso, se prevé que el proceso en su conjunto se alargue por sus ramificaciones legales y el precedente que sienta en el Reino Unido.

*Esta nota se publicó inicialmente con otro títular generado por la agencias de noticias.