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Bogotá, 22 jul (EFE).- El presidente colombiano, Iván Duque, promulgó este miércoles la reforma constitucional que permite a los jueces del país sentenciar a cadena perpetua a los violadores de menores de edad, proyecto que fue aprobado por el Congreso el pasado 18 de junio.
El mandatario dijo al promulgar el acto legislativo que espera que la modificación «dé resultados» y aseguró que no es «quedarnos solamente con la sanción ejemplarizante (…) sino que tengamos una verdadera cultura de protección y de prevención para la niñez».
Lo aprobado por el Senado y sancionado por Duque reforma el artículo 34 de la Constitución para que una de las condenas que los jueces puedan aplicar a estos delincuentes sea la de prisión perpetua.
El Gobierno colombiano tendrá, a partir de la promulgación de la nueva ley, un año de plazo para presentar al Congreso un proyecto que reglamente la prisión perpetua para los violadores de niños.
Al respecto, Duque manifestó que el reto es poder «darle un trámite acelerado a la ley que reglamente este acto legislativo, y que se complementa también con otros desarrollos normativos que son fundamentales para el país y que avanzan en el Congreso».
En ese sentido, el mandatario aseguró que uno de esos proyectos tiene que ver con la «imprescriptibilidad de estas conductas contra los niños de Colombia».
«No es solamente que tendremos la cadena perpetua, sino que serán imprescriptibles estas conductas para que no exista ningún miserable delincuente que pretenda que con el pasar del tiempo se extinga ante la sociedad su responsabilidad», añadió.
Por su parte, Yohana Jiménez, hija de la fallecida congresista Gilma Jiménez, quien fue una abanderada de esa causa, aseguró durante el acto que «la prisión perpetua para violadores y asesinos de nuestros niños es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia».
«A la necesaria reglamentación de esta reforma debemos sumarle otras acciones e iniciativas, debemos garantizar que nuestros niños nazcan en hogares donde sean deseados. Debemos garantizar el ejercicio de una paternidad y maternidad responsable», añadió.
Aseguró que se deben hacer «los ajustes institucionales necesarios para que desde el Estado se trabaje con eficiencia y en prevención y en una verdadera justicia para todas las víctimas».
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