EnglishEn Honduras se ha levantado una creciente ola de protestas, de gente que exige justicia en relación con el caso de corrupción en el que está envuelto el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), y que alcanza al partido oficialista, empresarios, funcionarios públicos y que, según reseñan medios locales podría expandirse a otros partidos políticos y figuras públicas.
La historia de una crisis
En 2014, el presidente Juan Orlando Hernández ordenó la instalación de una comisión interventora que investigara las denuncias hechas sobre irregularidades en el IHSS. La comisión reveló que la corrupción era mucho mas grande que la imaginada inicialmente, traduciéndose en saqueo, tráfico de medicamentos, sobrefacturación de equipos médicos, planillas fantasmas, compra de medicinas en mal estado o de baja calidad y sobornos.
De estas investigaciones derivó la detención de diez personas, incluído Mario Zelaya, quien fuera director del IHSS durante el Gobierno de Porfirio Lobo (2010-2014), período del que datan las denuncias de irregularidades. Zelaya tambien ha sido señalado por una Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional por haber confesado que cayó en estos actos de corrupción en el año 2013, cuando las elecciones presidenciales estaban cerca.
Actualmente, las investigaciones siguen su curso, y ante el clamor popular, el presidente Juan Orlando Hernández ha declarado en Cadena Nacional que el Poder Ejecutivo hará lo que esté a su alcance para lograr justicia ante las múltiples denuncias antes expuestas.
El pasado 12 de junio quedó detenido el empresario Shukri Kafie, perseguido por sobrefacturar medicamentos y venderlos al IHSS a través de su empresa, Dimesa. Actualmente guarda prisión en el Segundo Batallón de Infantería, a la espera de que continúe su proceso judicial.
Esta es solo una de cinco empresas que están siendo investigadas por irregularidades en sus negociaciones con el IHSS, además de existir acusaciones de otras tantas catalogadas como “fantasmas” que pudieron ser puente para financiar la campaña presidencial del presidente Hernández.
Ciudadanía presiona en las calles
Para la ciudadanía hondureña, los argumentos de Hernández y el Gobierno no han sido suficientes, y se ha lanzado a las calles para reclamar justicia, así como la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad como ha sucedido en Guatemala con la llamada Cicig.
Estas protestas han aumentado en número de participantes, llevándose a cabo en diferentes ciudades del país, siendo las mas simbólicas y concurridas las de Tegucigalpa, la capital hondureña, y San Pedro Sula, lugar en el que se iniciaron. Se han mantenido firmes con diferentes consignas, con presencia de ciudadanos comunes y políticos, siendo estos últimos cuestionados por parte de la ciudadanía ya que su presencia, según han reseñado medios locales, se presta a interpretarse como manipulación, revanchismo y protagonismo.
A estas multitudinarias manifestaciones, el partido oficialista ha respondido con marchas que manifiestan apoyo tanto al Gobierno como al presidente Hernández, expandiendose a diferentes puntos del país, y alternándose los días con la protestas de la ciudadanía en general.
Estas protestas ya han trascendido las fronteras hondureñas, llegando a diferentes lugares de Estados Unidos como Miami, Atlanta, Nueva York, así como a otros países cercanos como Guatemala, y lejanos, como España.
Respecto al momento político que vive el país centroaméricano, Lester Rápalo, líder de las protestas que en paralelo se están dando en Miami, Florida, dijo al PanAm Post que “la corrupción ha existido desde siempre en Honduras, en todos los partidos políticos y Gobiernos, pero ya estamos cansados y pedimos justicia”. Además, agregó que “queremos que el Gobierno solicite la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción, como sucedió en Guatemala, y además pedimos que el presidente Hernández sea investigado”.
Según ha manifestado la oposición hondureña a través de las redes sociales, medio que utiliza para la convocatoria a estas “marchas de las antorchas” como les han denominado, las protestas seguirán a lo largo y ancho del país, hasta lograr que el Gobierno ceda a solicitar la instalación de la Comisión de la ONU que podría dar avance a las investigaciones.