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En Honduras, en paralelo a la situación política que se vive, un fragmento importante de la sociedad se ha levantado en protestas, exigiendo el esclarecimiento de los casos de corrupción denunciados, así como la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih). Esto, a su vez, ha elevado los niveles de intolerancia en los sectores más radicales, hacia las ideas que no están en consonancia con sus formas de manifestación.
El viernes 3 de julio se llevó a cabo por sexta ocasión la denominada «marcha de las antorchas» pero con dos desafortunados eventos: ataques a las instalaciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y también al edificio donde opera el Grupo ABC, compuesto por varios medios de comunicación, uno de ellos Canal TEN, que ha sido crítico de las propuestas anticorrupción.
El Conadeh emitió un comunicado relativo a la agresión, en el que destaca que: «enfatizamos el derecho que tiene el pueblo hondureño a manifestarse pacíficamente, según lo establecido en la Constitución de la República y tratados internacionales; no obstante, este derecho se violenta cuando se destruye la propiedad pública, que nos pertenece a todos y la propiedad privada, que también es un derecho humano».
Canal TEN mostró las pruebas en las que se ve el momento en que un grupo de manifestantes arremete contra las instalaciones y además, amenaza con prender fuego a una cámara mientras los reporteros transmitían lo que sucedía en la marcha.
Estos ataques son una reacción que ya se esperaba, ya que, a menor escala en las redes sociales se ha sentido de igual manera un ambiente de intolerancia, hostilidad y no apertura a un diálogo y debate sano sobre el escenario que vive Honduras. Esto se da tanto en personas comunes como en cuentas anónimas que se encargan de ser grupos de choque virtuales que acosan a quienes no comparten sus criterios.
Algunos argumentan que son «infiltrados», pero cuando en las redes sociales se leen los respaldos a estos actos, esta teoría queda en nada, y se devela que el radicalismo es el que, más que buscar eliminar la impunidad, busca tener un caldo de cultivo para que el oportunismo de personas sedientas de poder y revanchismo político alimenten su discurso.
Otro aspecto que se ha vuelto un auténtico campo de batalla son las redes sociales, espacio que también se ha aprovechado por algunos grupos radicales para enviar amenazas a medios de comunicación y periodistas, dejando ver que más que voces independientes, parecen parte de un esfuerzo sistematizado para mostrar rechazo a la prensa que no comparte línea editorial con sus intereses.
Mientras no tengamos medios libres con los que asentir o disentir, cualquier lucha social no tiene garantizado el final deseado. Cuando la violencia pretende usarse como estrategia de confrontación es que los argumentos se han acabado y se deslegitima toda acción ciudadana, por honesta que sea. No se trata de defender medios y/o personas en particular, sino la simple libertad de expresión que todos, por el simple hecho de ser hondureños, debemos de proteger, y procurar que sea respetada.
Seguro no hay ni un solo hondureño que no quiera justicia, no solo respecto a los casos del IHSS sino respecto a todos los actos de corrupción previos para prevenir que esta cultura siga implantándose en nuestro país, pero jamás la violencia, el ataque visceral y la confrontación serán los caminos que lleven a tal fin; estos solo ahondarán una crisis en la cuál no serán perjudicados los políticos, sino las familias que a diario luchan por subsistir en una ya maltrecha economía, que parecen querer boicotear los enemigos del desarrollo.
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