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Son decenas de miles de niños que huyen anualmente de la difícil realidad centroamericana rumbo a Estados Unidos para buscar un mejor futuro, o para reencontrarse con sus familiares que ya pasaron por la travesía, pero, ¿es el camino la parte más difícil de su periplo, o los espera algo peor aún?
En los últimos tres años, el Gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Salud y Asistencia Social, decidió flexibilizar o relajar ciertas normas para la adopción de niños migrantes, al verse desbordado por la gran cantidad de menores que llegaban a suelo americano producto de la guerra contra las drogas que se vive en sus países, y de la violencia generada por las pandillas y la delincuencia común.
Esta flexibilización comenzó por dejar de tomarle huellas dactilares a muchos de los solicitantes para adoptar a estos menores; luego, en abril de 2014, se dejó de exigir las partidas de nacimiento originales para verificar la identidad de los adultos patrocinantes. Un mes después, dejaron de exigir que se llenaran los formularios donde se pedía la información personal de los patrocinantes. Luego ya no exigieron más la revisión de prontuarios criminales del FBI a muchos de ellos.
Luego que se abrieran las adopciones practicamente sin controles, como anteriormente se describió, aumentaron los casos de abusos sexuales contra niños que habían sido adoptados bajo este régimen flexible. También detallan que algunos fueron obligados a trabajar o sufrieron otro tipo de abusos físicos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reveló en un informe que son más de 100 niños migrantes que han sufrido de abusos sexuales, físicos, verbales así como explotación laboral en Estados Unidos.
Desde octubre de 2013 a la fecha, han sido colocados más de 89.000 niños en hogares adoptivos; las autoridades estadounidenses dicen no poder dar una cifra de cuantos de estos han sufrido algún tipo de abuso. Hay 24 casos corroborados, pero las investigaciones apuntan a que pueden sumar más de cien.
Las autoridades se han negado a divulgar detalles de cómo se llegó a tal escasez de personal para evaluar las solicitudes, pero aseguran que están reformando las medidas de seguridad ahora que el número de menores en la frontera va nuevamente en aumento y recientemente firmaron un acuerdo para construir nuevos albergues.
La agencia de noticias AP detectó uno de los tantos casos de menores abusados sexualmente: se trata del guatemalteco Marvin Velasco, de 14 años, quien llegó a la frontera con Estados Unidos en septiembre de 2014 y fue llevado por un patrocinante radicado en Los Ángeles, California.
“Él le dijo a las autoridades que me iba a llevar a la escuela, que me iba a dar de comer y vestir, pero eso no fue así, para nada”, dijo Velasco, que desde entonces ha recibido un estatus migratorio especial. “Todo ese tiempo lo único que yo hacía era rezar y pensar en mi familia”.
Velasco dijo que había otras nueve personas en el apartamento y que el patrocinante les exigía el pago de la renta y les decía que si trataban de huir serían castigados. Cuando Velasco le dijo que quería ir a la escuela, el hombre llamó a su familia en Guatemala y amenazó con botar al niño de la casa si no le enviaban dinero.
Con ayuda del hijo del patrocinante, Velasco se escapó y llegó a una iglesia, donde conoció a uno de los feligreses, que se convirtió en su representante legal. Ahora vive con una familia de inmigrantes guatemaltecos que lo están criando.
Comienzan investigaciones en EE.UU.
El Senado de Estados Unidos realizará una audiencia este jueves 28 de enero para evaluar cuales fueron los fallos de entidades gubernamentales que permitieron que estos abusos se dieran.
Para alimentar el fuego que se ha encendido a raíz de esta polémica, un hombre guatemalteco se declaró culpable este lunes en una corte federal de Cleveland, Ohio, por “conspiración para imponer trabajos forzados” a jóvenes migrantes de su país, a quienes ofreció refugio y luego los forzó a trabajar en una granja como si fueran esclavos.
Esto pasa más de un año después que agentes federales allanaron un parque de casas rodantes y rescataron a 10 jóvenes guatemaltecos. Tres acusados aguardan su sentencia y el cuarto el comienzo de su juicio. Las acusaciones el año pasado llamaron la atención del país sobre la explotación de jóvenes inmigrantes que huyen de la violencia en Centroamérica.
Los fiscales dicen que los acusados elaboraron un plan para reclamar a los menores inmigrantes de las autoridades y obligarlos a trabajar en el criadero.
Guatemala pide investigación
La Cancillería de Guatemala informó este martes que pedirá que se investigue el supuesto abuso sexual y físico de menores migrantes guatemaltecos que ingresaron a ese país entre 2014 y 2015; y que también se establezcan responsabilidades para los autores de estos malos tratos.
[adrotate group=»7″]En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores guatemalteco expresó su «profunda preocupación» ante la noticia de que niños migrantes que ingresaron de manera no autorizada a EE.UU. fueron abusados física, sexual y psicológicamente por sus familiares, personas adultas que se hicieron responsables de ellos o a quienes el Departamento de Salud y Asistencia Social de ese país les otorgó su cuidado.
Las autoridades también recomiendan a la comunidad guatemalteca y migrante en EE.UU., denunciar ante las autoridades locales correspondientes cualquier caso de abuso del cual tengan conocimiento.
En 2014 se generó una crisis humanitaria por el ingreso de miles de menores centroamericanos no acompañados a Estados Unidos.
Ese año las autoridades migratorias estadounidenses deportaron a 65.000 menores de Guatemala, El Salvador y Honduras, cifra que descendió en 2015 a 25.000.
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