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La Arquidiócesis del estado sureño de Oaxaca enfrenta acusaciones de encubrir a un sacerdote que supuestamente abusó de más de 100 niños indígenas en una década, y de ejercer represalias contra otros curas que presentaron denuncias en su contra.
La denuncia forma parte del legado del Departamento de Investigaciones sobre Abusos Religiosos (DIAR) y el Centro de Investigaciones del Instituto Cristiano Mexicano (ICM), que hace tres años reveló que 30% (4.200) de los 14.000 sacerdotes católicos que existen en México han cometido algún tipo de abuso sexual.
Organizaciones civiles y familiares de las víctimas acusaron al arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez, de ocultarle al Vaticano las pruebas del abuso de niños indígenas y de negarse a escuchar a las víctimas.
La semana pasada, el sacerdote Manuel Arias denunció que Chávez intentaba suspenderlo en represalia por las denuncias que formuló en el pasado contra su compañero Gerardo Hernández, encarcelado en la ciudad de Atlixco en 2013 acusado de «corrupción de menores».
En enero pasado, otro sacerdote, Apolonio Merino, quien ha declarado que «tienen hijos la mitad de los curas en Oaxaca», fue suspendido también por poner en evidencia los abusos de Hernández.
También la jerarquía católica local lo acusa de estar «contra el celibato» y de abusar de una mujer con la que tuvo una relación que ya concluyó.
Merino señaló que fue objeto de «hostigamiento, amenaza y persecución» por haber cumplido con «el deber de un clérigo» y haberse «atrevido a escuchar a las víctimas» de pederastia «y conducirlas a las instancias correspondientes para que se aplicara justicia».
Desde hace mucho tiempo, cuando aún Hernández era seminarista, un grupo de sacerdotes dijo haber pedido al arzobispo que no lo ordenara porque se sabía que abusaba de niños.
Además, señalaron que luego que los primeros casos en su contra se registraron en 2006, cuando Hernández estaba a cargo de la parroquia de Santiago Camotlán, el arzobispo «no hizo nada» y sólo lo trasladó a la parroquia de Villa Alta, donde siguió cometiendo sus agresiones.
La jerarquía católica local se defendió señalando que ha colaborado con las autoridades judiciales cuando las víctimas presentan cargos ante la Fiscalía y «prueban fehacientemente sus dichos».
«Los delitos, si es que se comprueban, los cometen las personas a título individual y deben responder por ellos en forma personal, no sólo en el ámbito civil, sino también en el eclesiástico», señaló la diócesis de Oaxaca en un comunicado firmado por el arzobispo y seis miembros de la curia.
La Arquidiócesis señaló que los acusados de pederastia en la Iglesia no gozarán «de impunidad, encubrimiento y protección» y aseguró que ha sido atacada y descalificada injustamente «para desviar la atención de un problema judicial que enfrenta un sacerdote».
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Visita papal
El escándalo de pederastia en Oaxaca estalló poco antes de la visita del Papa Francisco a México, el mes pasado, pero el pontífice no accedió a reunirse con familiares de las víctimas de este caso ni tampoco de otros que han ocurrido años atrás.
El escándalo más importante que se ha registrado en México sobre pederastia involucra a Joaquín Aguilar, que encabeza en México la Red de Sobrevivientes Abusados por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), y quien solicitó formalmente la audiencia con el pontífice.
El dirigente fue abusado cuando niño por el sacerdote Nicolás Aguilar, adscrito a la diócesis de Tehuacán, Estado de Puebla, al este de la capital, protagonista del caso más grave de pederastia documentado en México.
Aguilar ha sido acusado de abusar sexualmente de 120 niños en México y en Estados Unidos, y el actual arzobispo primado de México, Norberto Rivera, está sospechado de protegerlo y permitir estos ultrajes cuando era obispo de Tehuacán, Estado de Puebla, vecino a la capital.
Fuente: La Prensa
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