La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de Honduras fue cerrada este miércoles por el Poder Ejecutivo, para dar paso a un proceso de transición hacia un organismo tributario que garantice agilidad y mejore los niveles de recaudación en el país centroamericano.
La medida va acompañada por el despido de 1.500 empleados públicos, de un total de 2.100 trabajadores con que contaba la clausurada entidad recaudadora.
Una comisión liquidadora será la encargada de llevar adelante el despido del personal, a cargo del abogado Felipe Morales y Pablo Emilio Reyes, quienes cuentan con un período de entre tres y seis meses para el trámite, según se conoció.
Mientras, las actividades administrativas y de recaudación estarán a cargo de Ángela Madrid, quien se venía desempeñando como gerente de la DEI, pero ahora pasa a ser Comisionada Presidencial de la Comisión de Transición de la Administración Tributaria.
Sistema tributario
Hasta este miércoles se desconocía el nombre del nuevo organismo, no obstante se indica que pasaría a llamarse “Sistema de Administración Tributario” (SAT).
La eliminación de la DEI ha sido un tema reiterativo, que ha sido comentado desde 2013 y la idea tomó forma en 2014, cuando asumió el actual Gobierno, en el contexto de un proceso de modernización de los sistemas tributarios a nivel latinoamericano.
El cambio es propulsado desde el exterior para que los países fortalezcan las recaudaciones y eviten así continuar dependiendo de la cooperación para financiar los presupuestos estatales.
El cierre se explicó en una carta enviada por el Gabinete Económico, el 30 de noviembre del año pasado, a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, en la cual el Gobierno se comprometió a liquidar la DEI en marzo de este año.
La promesa fue acompañada con el decreto ejecutivo PCM 083 2015, emitido en Consejo de Ministros, el 26 de ese mismo mes y año, cuando se aprobó la cancelación del organismo tributario.
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Operativo militar
El cierre estuvo acompañado con un operativo conformado por efectivos del Ejército y la Policía Miliar y del Orden Público (PMOP) que desde temprano tomaron las instalaciones a nivel nacional.
Minutos después, la hasta ese momento gerente de la DEI, Ángela Madrid, anunció de manera oficial la clausura definitiva, informando al personal que la decisión se tomó por aspectos de seguridad nacional.
La funcionaria se refirió a un informe sobre las evaluaciones de 600 empleados, de los cuales, 334 dieron positivo en las pruebas del polígrafo, supuestamente por estar ligados al crimen organizado.
Según el informe, 34 dieron positivo por uso de drogas, 166 por beneficios ilícitos, algo que se entiende como favores a determinados grupos económicos o empresarios, y otros 31 por estar ligados al crimen organizado, mientras que el el resto de los 600 evaluados dieron positivos por la vinculación con otros delitos.
No obstante, algunos de los empleados señalados por el informe ya salieron con antelación del organismo, pero quienes quedaron serán sometidos a procesos de investigación para establecer las responsabilidades pertinentes.
La reapertura
Las actividades se reanudarán este mismo jueves para atender a medias a los contribuyentes en las oficinas principales que dejó habilitadas la DEI en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, mientras en el interior del país será hasta próximo aviso.
Madrid dijo que se contratará a una firma consultora internacional, la que se encargará de las contrataciones de personal. De esta manera, los profesionales interesados en formar parte del nuevo sistema deberán estar atentos a las informaciones que fluyan desde Casa Presidencial, donde se harán las convocatorias.
El cierre provocó confusión a lo interno de las oficinas del organismo, donde se apoderó la incertidumbre y el temor entre los cientos de trabajadores, extrañados al recibir las notificaciones de despido.
Para el pago de las cesantías hay US$ 25 millones, de los cuales US$ 12 provienen de fondos nacionales y el resto de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que también aportará una cantidad similar para equipar con tecnología al nuevo ente.
Este año las proyecciones de impuestos andan en más de 80,000 millones de lempiras, pero a criterio de analistas, el cierre abrupto afectará las estimaciones, en tanto los responsables del proceso de transición aseguran que todo está planificado y descartan que vayan a caer los niveles de recaudación.