El Senado de México aprobó en lo general, con 94 votos a favor y 23 en contra, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, conocida como Ley 3de3, que si bien obliga a todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, les permite de manera discrecional no hacer públicos algunos datos privados.

De último minuto se estableció la obligación para que toda persona física o moral que reciba recursos públicos o celebre contratos con los tres niveles del Gobierno, presente sus declaraciones patrimonial, de interés y fiscal.

Es decir, cualquier particular que maneje recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con entes de la administración pública federal, de las entidades o de los municipios, deberá presentar las tres declaraciones, además de una declaración fiscal anual en los términos que disponga de la materia.

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Aunque el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN) pactaron junto con los senadores independientes una reserva para modificar el artículo 29 y darle la máxima publicidad a los formatos de declaración, como se propuso en la ley 3de3, perdieron la votación para modificar el artículo con 59 votos en contra del PRI y OVEM y 50 votos a favor, así como una abstención.

No obstante, poco después de la medianoche el pleno aprobó las reservas prestadas por el senador de Nueva Alianza, Manuel Cárdenas, que amplían el catálogo de sujetos obligados y formaliza el adendum al artículo 29, según el cual, «las declaraciones patrimoniales y de intereses serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución».

Se aceptó modificar el artículo 32, donde se señala que están obligados a presentar, bajo protesta de decir la verdad, su declaración de situación de patrimonio y de intereses ante las Secretarías u Órganos internos de control, de conformidad con lo previsto en la presente Ley: «Los servidores públicos, cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o contrate bajo cualquier modalidad con Entes públicos de la Federación, de las Entidades Federativas y los municipios».

Las personas físicas que presten sus servicios o reciban recursos de las personas morales a que se refiere la fracción anterior, asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Además, los particulares deberán presentar las declaraciones ante el órgano interno de control del Ente Público que les haya asignado los recursos o con el que hayan contratado.

«El mensaje que los mexicanos dieron a través de las urnas fue de un enorme compromiso: recuperar la confianza ciudadana en el sistema político mexicano», aseveró la legisladora Marcela Torres, al señalar que permitir que sea el Comité de Participación Ciudadana el que emita los formatos será como abrir la posibilidad de que sea la Suprema Corte quien defina qué es público del patrimonio de un funcionario y qué no lo es.

Por otro lado los diputados Zoé Robledo y Dolores Padierna sostuvieron que los 634 mil ciudadanos que firmaron la iniciativa 3 de 3 no pidieron que fuera un comité quien defina qué datos privados se pueden hacer públicos.

Robledo Rincón hizo énfasis en que obligar a la presentación de las tres declaraciones no es un acto de revancha o persecución, porque no se tienen que publicitar los datos de cuentas bancarias, nombres de dependientes o la situación patrimonioal de la esposa o esposo, como se ha dicho.

Reconoció que el sistema nacional es un avance, y que las tres declaraciones se convirtieron en el símbolo emblemático de esta reforma.