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Las principales instituciones políticas de México tienen al menos 61 expedientes de militantes en vías de ser sancionados por faltas a los estatutos, en su mayoría involucran corrupción.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó con estas medidas el día lunes cuando quitó los derechos de militante a Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Pero también en el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Democrático (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene políticos que están bajo la lupa.
La Comisión Anticorrupción del PAN tiene 26 expedientes abiertos contra funcionarios o dirigentes por abuso de autoridad y presuntas irregularidades en algunos casos.
Dentro de los funcionarios que investiga este organismo partidista se encuentra el exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés por el presunto delito de desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, mientras que la exalcaldesa de Monterrey Margarita Arellanes es investigada por el delito de daño al erario equivalente US$ 400.000.
No es la primera vez que el PAN aplique medidas radicales contra sus militantes ya que previamente ya expulsó de sus filas por corrupción al exdiputado Édgar Borja, y al exgobernador de Aguascalientes Luis Armando Reynoso Femat.
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Por su parte el PRD, uno de los casos más relevantes que tienen en proceso de investigación es el del senador Benjamín Robles, quien a pesar de haberse ido al Partido del Trabajo (PT) y haber ostentado una candidatura en las elecciones pasadas en Oaxaca por este instituto político, la denuncia para ratificar su expulsión del PRD sigue firme.
La Comisión Nacional Jurisdiccional del PRD tiene 20 procesos abiertos en los que analiza la expulsión de militantes que apoyaron a otros partidos en las elecciones pasadas.
El caso más sonado hasta ahora dentro de este instituto político es el de José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, Guerrero tras ser involucrado junto a su esposa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Morena no tiene aún cifras exactas de procesos de investigación abiertas contra militantes, y su organismo disciplinario mantiene los casos en confidencialidad hasta que se resuelvan.
Mientras tanto el PRI tiene abiertos 15 expedientes a militantes que analiza expulsar o suspender sus derechos. Los casos que más relevancia han tenido son los del gobernador de Chihuahua Cesar Duarte, que fue denunciado por Armando Barajas Ruiz, consejero político del PRI.
Otro exgobernador sobre el cual pesa una investigación es Roberto Borje del estado de Quintana Roo a quien se estudia suspender sus derechos de militantes y posteriormente expulsar por diversas acusaciones que lo vinculan a actos de corrupción.
Fuente: El Universal
