Bolivia busca frenar expansión de juegos con apuestas en internet

La Autoridad de Juegos (AJ) de Bolivia se encuentra gestionando con el Gobierno central la creación de una ley que de potestad de intervenir los juegos en línea, ya que estos junto con las apuestas vía redes sociales cada vez toman más espacio y como entidad no cuentan con los recursos legales y tecnológicos para poder llevar a cabo su objetivo.

La asociación dice haber comprobado que en Bolivia hay casas de juego en línea en las que los usuarios se conectan a un servidor y realizan apuestas, actividad que está prohibida en el país suramericano según declaró Jessica Saravia, directora ejecutiva a nivel nacional de la AJ.

Saravia señaló que la moneda boliviana está protegida por ley por lo que no puede ser utilizada en estas actividades, pero aclara que hay empresas que logran funcionar legalmente ya que han obtenido los permisos pertinentes.

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«Hay mucha demanda de juegos en línea, que es penado por ley, pero necesitamos una normativa para poder actuar» explica Óscar Arce, director regional de la AJ respecto a que necesitan una ley que les permita actuar contra este ilícito.

El directivo también explica que la intervención alcanza a los teléfonos móviles por lo que también están gestionando para tener un respaldo legal para esta acción puntual: «las apuestas deportivas que se hacen vía celular también están normadas y no son permitidas, se hacen controles y si encontramos que al organizador de esas apuestas está en Bolivia, desde ya van a ser sancionados» explicó Arce.

En Bolivia solo hay una sala de juego autorizada según informó la Autoridad de Juegos, se trata de Curucusi Games, que es avalada por la misma institución. Estos permisos son otorgados al propietario u  operador que se apegue a las normas de la ley 060 según explicó Saravia quien también señaló: «hacemos controles periódicos donde se avalúa al servicio que ofrecen, las condiciones de las máquinas, que cuenten con un sistema de circuito cerrado, la emisión de sus tickets y la legalidad del servicio que prestan».

Fuente: El Día