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Javier Duarte dejó la gubernatura del estado de Veracruz por medio de una licencia que le fue aprobada por el Congreso local el pasado miércoles 12 de octubre. El funcionario expresó que esta medida es para poder defenderse de las acusaciones de corrupción que se le imputan, pero una investigación del diario mexicano Sin Embargo revela que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), cuyas leyes fueron promulgadas el pasado 18 de julio del 2016 por el presidente Enrique Peña Nieto, aún no está listo.
Este proyecto, que fue una de las promesas de campaña más recurrentes de Peña Nieto, pretende aminorar la corrupción que afecta un 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país azteca ya que permea todas las estructuras del Estado, desde los gobiernos municipales hasta el federal, lo que hace que los escándalos surjan de manera imparable.
Actualmente el SNA carece de sus piezas más vitales y sin las cuales el proyecto no podrá caminar: la Secretaría de la Función Pública, que es el corazón del sistema, y la Fiscalía Anticorrupción que es su brazo ejecutor y que a pesar de haber sido ya avalada por el Senado mexicano en el pasado mes de junio, aún no existe.
Sin Embargo entrevistó a Óscar Arredondo Pico, del Centro de Análisis e Investigación Fundar quien cree que «la parsimonia y la tranquilidad con la que lo están tomando (al SNA) es realmente preocupante».
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Según Arredondo para nombrar al títular de la Secretaría de la Función Pública «sólo hace falta que el Ejecutivo federal envíe una terna al Senado» y para la Fiscalía Anticorrupción «hace falta que la Procuraduría General de la República (PGR) la incorpore dentro de su estructura orgánica» aseguró el directivo.
Pero el proceso no es tan fácil ya que hace fata que se pongan de acuerdo siete actores según la investigación, los cuales son: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.
Y es precisamente en la búsqueda de este consenso es que puede radicar el avance o el letargo en la operatividad del SNA dice Eduardo Bohorquez, director de Transparencia Mexicana, quien explica que cada instancia debe hacer su trabajo y luego, aceptar la coordinación.
El directivo también señala que «el Fiscal anticorrupción va a ser la persona más poderosa del país por lo que la persona elegida deberá tener la capacidad intelectual y legal para conseguir el desmantelamiento de las redes en las que se sostiene la corrupción» además dice que «no bastará con atrapar personajes, habrá que llegar a las cuentas bancarias, las propiedades ilícitas, los prestanombres».
Para Enrique del Val Blanco, investigador de las políticas anticorrupción de México, «el SNA es como un gran mostruo por complejo» sin embargo explica que «ahora mismo se puede hacer mucho con la normativa vigente de la Función Pública. Con esa, Javier Duarte debe ser investigado» expresó el que también es Coordinador de la Planeación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Fuente: Sin Embargo
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