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Parlamentarios pertenecientes al opositor Partido Acción Nacional (PAN) han revelado que la deuda que heredó Javier Duarte, actualmente prófugo de la justicia, asciende a US$9.000 millones, monto que se acumuló entre los años 2010 y 2016, período durante el que estuvo a cargo de la administración de esa entidad federativa.
«Veracruz necesita ser rescatado» reclamó Julen Rementería, coordinador de la bancada panista en el parlamento mexicano, quien cree que el gobierno federal debe «responder con solidaridad para rescatar al estado que se encuentra en emergencia» según declaraciones que brindó al diario El País.
Los miembros del PAN discrepan con la cantidad revelada por Antonio Gómez Pelegrín, secretario de Finanzas de Veracruz, quien dijo este miércoles que esta entidad federativa adeuda US$4.000 millones de dólares, ya que los opositores aseguran que la cifra real rebasa los US$6.700 millones.
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Esta cifra la obtienen «al sumar al saldo de la deuda pública el pasivo circulante y diversas cuentas pendientes además de gastos de contingencia como juicios que se encuentra ventilando el gobierno de Veracruz», según detallaron a El País, por lo que todo esto suma US$9.300 millones.
«Este monto supera el presupuesto del Estado, que alcanza los US$5.250 millones» según aseguró Rementería. La preocupación de los parlamentarios estatales, radica en la viabilidad financiera de Veracruz, ya que la «catástrofe» dejada por Javier Duarte podría generar ingobernabilidad, ya que se adudan pagos de prestaciones a maestros de la Universidad Veracruzana, además de pagos a pensionados.
Por otra parte, las deudas alcanzan a más de 80 municipios, a quienes se les adeudan recursos y que como medida de presión se tomaron las instalaciones del Palacio de Gobierno el pasado viernes para exigir se les fueran honrados los pagos.
Deuda de US$29 millones a un supermercado
Diferentes empresas privadas han reclamado pagos que les adeuda la administración de Javier Duarte, y una de ellas es Soriana, compañía que tiene más de 800 supermercados en el territorio mexicano, quien ha señalado que es acreedora del Estado y por medio de un comunicado ha señalado que la administración de ese estado les adeuda US$29 millones desde el año 2011 como parte de tarjetas con puntos que los supermercados emitieron para programas sociales con el fin que los beneficiados pudieran comprar alimentos y artículos básicos.
Soriana ya ha comenzado acciones judiciales, sin embargo, Rementería, que es parte de la Comisión de Vigilancia, asegura que este gasto «no está reflejado ni aparece en ningún sitio, ni siquiera es mencionado por el órgano fiscalizador» por lo que el parlamentario cree que el pasivo de esos contratos «se haya venido arrastrando desde hace más de cinco años».
Algunos medios de comunicación aseguran que estas tarjetas emitidas por Soriana fueron repartidas durante las elecciones presidenciales celebradas en 2012 como un incentivo para pedir el voto para el PRI y quien fuera su candidato, el ahora presidente Enrique Peña Nieto, sin embargo, la empresa ha rechazado dichas aseveraciones catalogándolas de «tendenciosas» ya que su aporte no tenía interés político.
Fuente: El País
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