Corte Suprema de México ordena al Gobierno informar sobre espionaje telefónico

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espionaje telefónico
Durante la administración de Peña Nieto el espionaje telefónico ha incrementado notablemente. (Youtube)

El gobierno de México deberá revelar el número de personas así como de dispositivos que espió durante el año 2014, esto según una orden de la Corte Suprema de Justicia luego de que la administración presidida por Enrique Peña Nieto, impugnara una solicitud del Insituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) argumentando que el revelar esos detalles vulneraba la seguridad del Estado.

Pero con 10 votos a favor y uno en contra, la máxima autoridad judicial de México estableció que los datos estadísticos no revelan los métodos que utiliza el Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen) así como tampoco dan información crítica como el nombre de los ciudadanos intervenidos.

Esta situación comenzó cuando la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) solicitó por medio del INAI conocer datos sobre estas intervenciones sin embargo, la decisión fue apelada por Humberto Castillejos, consejero jurídico de la presidencia. Con esta decisión de la Corte Suprema se marca un precedente en el país azteca y abrirá a la trasparencia el tema del espionaje telefónico.

Aunque en la votación la decisión obtuvo la mayoría de votos favorables, el presidente de esa instancia, Luis María Aguilar criticó los argumentos de transparencia ya que dijo que existen datos estadísticos que sí son sensibles, y que cada caso debe ser estudiado por aparte.

El espionaje telefónico ha aumentado durante la administración de Peña Nieto. Durante el gobierno del panista Felipe Calderón se registraron intervenciones a 340 ciudadanos en los seis años que duró esa administración, sin embargo, las cifras durante lo que va del gobierno actual, solo en el año 2014 se pidió a jueces federales la intervención de 747 comunicaciones privadas, cada una con una duración de 360 días.

El Cisen opera distinto a otras dependencias gubernamentales ya que tiene más libertad y se aleja del tema de rendición de cuentas y transparencia. Respecto a ello, la Red en Defensa de los Derechos Digitales asegura que el 99 % de las solicitudes de espionaje telefónico se hacen sin autorización judicial.

“La decisión de hoy es un paso muy importante para la transparencia y el derecho a la privacidad en México” aseguró R3D por medio de un comunicado.

Fuente: El País

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