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Según un informe publicado por la secretaría de Gobernación de México con motivo de los 265 casos de periodistas que se han agregado al Mecanismo de Protección durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, 95 funcionarios fueron “probables agresores” de comunicadores, mientras que 84 casos son adjudicados a “particulares” y 83 a “desconocidos”.
Según la dependencia federal, este mismo patrón se aplica en el caso de los defensores de derechos humanos en los que 79 casos, las agresiones provinieron de servidores públicos, 76 de desconocidos y 65 de particulares.
Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, expresó al respecto: “Lucharé hasta el último día de mi mandato, a fin de fortalecer las condiciones para el ejercicio pleno del periodismo”, e indicó que el segundo punto de su plan para proteger a los periodistas es establecer un “Esquema Nacional de Coordinación, cuyo objetivo será coordinar las acciones para hacer frente y reducir las situaciones de riesgo contra periodistas y defensores de derechos humanos”.
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Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en los últimos 17 años han sido asesinados un aproximado de 126 periodistas en México, pero el número de sentencias emitidas respecto a estos casos contrasta escandalosamente ya que solo han sido resueltas tres.
La grave situación de impunidad llevó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Jan Jarab, a exigir al gobierno de México que “la investigación, persecución y sentencia para los perpetradores sería la mejor prevención para que no se repita la violencia”.
En el gobierno de Peña Nieto, el Mecanismo de Protección para las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la secretaría de Gobernación ha rechazado 84 solicitudes de periodistas y activistas para ingresar a este, sin embargo han sido ingresadas 405 peticiones.
Según Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos, todos los casos son evaluados por la Unidad de Riesgo del Mecanismo que está conformada por especialistas capacitados pro la organización Freedom House: “Cuando se determina que no hay elementos para dictar las medidas se rechaza la solicitud” indicó el funcionario.
“Cuando se han presentado casos de hostigamiento judicial, como son las demandas de políticos contra periodistas, la Unidad de Riesgo considera que no es necesario otorgar medidas porque no ven un factor de riesgo físico. Lo mismo sucede con amenazas vertidas en redes sociales; lo que nosotros hemos dicho es que este tipo de actos son un inhibidor para el trabajo de los periodistas y deben tener cabida en el Mecanismo”, expresó Leopoldo Maldonado, abogado de la organización Artículo 19 respecto a la vulnerabilidad que corren los comunicadores frente a los empleados públicos.
Fuente: Animal Político
