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Unos 300.000 centroamericanos serían afectados si el gobierno de Estados Unidos da por terminado el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), situación que ha puesto en tensión a quienes tienen este privilegio migratorio, asegura Francisco Portillo, director de la organización hondureña Francisco Morazán con sede en Miami.
Durante casi 20 años el TPS ha beneficiado a miles de ciudadanos de Honduras, Nicaragua y El Salvador, y es que Estados Unidos concedió este privilegio a hondureños y nicaragüenses en el año 1999 luego de la devastación que dejara en esos países el huracán Mich, y en el año 2001 se agregaron a los salvadoreños por los terremotos que afectaron dicha nación.
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El temor del fin del TPS comenzó cuando John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, indicó que los inmigrantes que han vivido y trabajado durante muchos años en Estados Unidos gracias a desastres naturales que han pasado en sus países «deberían empezar a pensar en volver a sus casas» y agregó que el TPS «no debería ser una medida indefinida como lo ha sido para decenas de miles de personas de Haití y tres países centroamericanos».
Por su parte, Roger Castaño, miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Miami, señaló que de suspenderse el TPS afectará a la economía de los países centroamericanos, y se refirió puntualmente al caso de Nicaragua.
«Aunque el Gobierno de Nicaragua hable de mejoras económicas en el país, la situación de pobreza está latente y eso se puede ver en los hogares, la pobreza no ha cambiado y Nicaragua tiene nuevas razones que vamos a exponer y es la falta de democracia en el país», indicó Castaño.
Según el activista, el presidente Donald Trump debería otorgar la residencia permamente a quienes se encuentran acogidos bajo el TPS por su buen comportamiento así como por el cumplimiento del pago de impuestos.
Fuente: La Prensa
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