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Un informe titulado «Capos y corrupción: atacando el crimen organizado transnacional en las Américas» elaborado por el tanque de pensamiento American Enterprise Institute (AEI) analiza la solidez institucional, las amenazas para la región así como el papel que Estados Unidos debería asumir en la el tema.
De los segmentos del reporte publicado el pasado lunes que más ha llamado la atención, es el que se refiere a la «criminalización» de los Estados latinioamericanos, de hecho, de lo más lapidario es lo que indica que «la corrupción gubernamental juega un papel clave en el crimen organizado transnacional en el hemisferio».
Según el AEI un Estado Criminal como le han denominado, «se alcanza cuando el más alto liderazgo en un país está consciente de la utilización del aparato público para beneficio del crimen organizado y se vuelve cómplice del mismo, ya sea por medio de una cooperación activa o guardando silencio», pero el tanque de pensamiento hace una diferencia entre los Estados que buscan combatir las organizaciones criminales, y aquellos que colaboran con ellas.
En cuanto a Venezuela, el reporte indica que es el ejemplo más claro de la criminalización en América Latina: «El gobierno de Nicolás Maduro activamente apoya a grupos criminales transnacionales como narcotraficantes mexicanos e incluso grupos terroristas como Hezbollah. Quizá la evidencia más clara de Venezuela como un Estado criminalizado son sus vínculos operativos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC)».
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En el reporte se destaca que Venezuela se convirtió en un área de operación clave para las FARC, así como un punto clave para el tráfico de estupefacientes producidos en Colombia: «Estos bienes ilícitos han sido traficados a través del territorio venezolano, usualmente con la complicidad o el involucramiento directo del ejército de ese país», agrega el AEI mismo que detalla que su colaboración con dicha guerrilla colombiana es solamente una parte de las operaciones entre el régimen venezolano y el crimen organizado.
El AEI indica también que Venezuela utiliza también a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) como medio para expandir su influencia y red criminal y de esta manera es que ha alcanzado a El Salvador y Nicaragua.
Por medio de las empresas mixtas Alba en El Salvador y ALBANISA en Nicaragua es que aunque su fin inicial fue «vender petróleo subsidiado y aportar al desarrollo de la educación, la salud y otros bienes sociales (…) estas empresas se han alejado de este objetivo estratégico» ya que ahora son herramientas de corrupción dentro de lo que se encuentra el financiamiento de campañas electorales, detalla el reporte.
El estratega de esta triangulación, según el informe de AEI, es José Luis Merino, dirigente del izquierdista partido FMLN de El Salvador y actual viceministro de Inversión y Financiamiento Externo.
El informe mencionado vincula a Merino también conocido como «Ramiro Vásquez» por su nombre como guerrillero, con un grupo criminal compuesto por funcionarios de gobierno de Venezuela y Colombia entre otros países que está en operaciones desde la era del conflicto armado.
Hace unas semanas, Merino fue objetivo de catorce influyentes congresistas estadounidenses para que el Departamento del Tesoro indagara en sus finanzas por presuntas relaciones criminales., sin embargo su posición dentro del gobierno salvadoreño le provee inmunidad ante la ley, además de que ha sido defendido por otros altos puestos del gabinete de secretarios de Estado.
El AEI exhorta a la administración de Donald Trump a involucrarse con sus aliados en la región para restablecer una coalición en el hemisferio contra el crimen organizado y a su vez, asumir el liderazgo aplicando «herramientas asimétricas» como sanciones a aquellos Estados que colaboran con el crimen organizado.
Fuente: elsalvador.com
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