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Juan Gutiérrez Palomino, reconocido pastor evangélico que reside en la ciudad de Woodbridge, Virginia, se encuentra librando una batalla legal desde el año 2012 para no ser deportado a su país natal, Perú, ya que es un inmigrante indocumentado.
El religioso se casó con una ciudadana estadounidense, sin embargo su solicitud de residencia permanente fue rechazada por errores procesales que cometió su representante legal, lo que ha llevado a que actualmente Gutiérrez Palomini se encuentre detenido en el Farmville Detention Center esperando ser repatriado a Perú.
La esposa del peruano, Aurelia Sircha Barrantes, así como sus hijos de 13 y 21 años, solicitaron en varias ocasiones a un juez de la Corte de Apelaciones de Inmigración de Fairfax la revocación de la orden de deportación, pero la semana anterior agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo arrestaron mientras realizaba un trámite en una oficina federal.
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«Desde hace cinco años mi esposo lucha por que no lo deporten. El juez ordenó que use un ‘grillete’ en el tobillo mientras se resuelva su caso, pero la semana pasada los agentes de ICE lo llevaron con engaños para que le tomen sus huellas digitales en una oficina vacía y allí lo arrestaron», detalló Barrantes.
Según la esposa del ahora detenido, el proceso de aprehensión se realizó «de forma irregular» ya que según las leyes de inmigración, mientras haya una solicitud de apelación de fallo judicial, no se puede deportar al sujeto en cuestión.
«Mi esposo no ha cometido ningún delito para que ahora esté preso. Su trámite de residencia fue rechazado por que el abogado que contratamos hizo todo mal y no respetó los plazos establecidos por la ley. Las pruebas de la negligencia procesal cometida por el hombre de leyes están en la corte a la espera que un juez emita un fallo final, por lo que resulta improcedente la deportación», dijo Barrantes.
Por otra parte, Jamilah Espinoza, abogada de Gutiérrez Palominom ya presentó un recurso para frenar la deportación y también solicitó a un juez que ordene reabrir el proceso de solicitud de residencia, sin embargo detalla que «el caso es difícil».
Fuente: El Comercio
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