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Un caso de violación a una menor de 12 años por un hombre de 34 podría sentar un precedente en cuanto al matrimonio entre una víctima y su abusador en El Salvador.
Y es que Ana (seudónimo), tuvo su primera relación sexual a los 12 años, pero un año después, con autorización de sus padres, cambió de pareja, este nuevo individuo era un hombre de 22 años con quien también sostuvo relaciones sexuales y de quien quedó embarazada, pero al parecer lo que en realidad se dio fue una violación por lo que la Fiscalía General de la República comenzó un proceso por el delito de violación a una menor de edad.
El pasado mes de junio el presunto violador fue enviado a prisión sin embargo, la jueza segunda de Instrucción de la región de Cojutepeque, Gloria Avilés, giró un oficio para que un notario ingresara a la prisión en donde el imputado se encontraba preso para que pudiera contraer matrimonio con su víctima, pero esto no fue posible ya que otras partes intervinieron para que esto no se consumara.
Ana había quedado embarazada como producto de la violación y en febrero de este año ya había dado a luz. La madre de Ana intercedió a favor del violador e indicó que este era quien compraba una «leche especial» así como los pañales desechables de su nieta. Con este argumento, los magistrados Ramón Iván García y Santiago Alvarado Ponce, de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, revocaron la detención del victimario el pasado 11 de julio, quedando nuevamente en libertad.
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Los magistrados de El Salvador reconocieron que pudo haber una violación dentro de la relación de noviazgo entre Ana y su pareja, sin embargo, los juristas decidieron que era importante tomar en cuenta el derecho de ella de tener una familia así como de procrear un hijo. Y es que el Código de Familia del país centroamericano permite el matrimonio entre un adulto y una menor de entre 12 y 17 años siempre y cuando haya un hijo en común y haya consentimiento de los padres o tutores de la menor.
«Si a la fiscal, o a quien sea que no esté de acuerdo con que los menores contraigan una relación matrimonial de hecho o de derecho, porque según ellos vulnera la indemnidad sexual de los menores, antes que abocarse al derecho punitivo, debería propugnar una reforma en la que se prohíba explícitamente cualquier tipo de relación en la que se involucren menores de edad”, indica la resolución de la Cámara de Cojutepeque, entidad que en otros casos llamó «inquisidora» a la Fiscalía por pretender la detención provisional de los violadores.
Mientras que la resolución del juzgado detalla: «Ha manifestado la víctima que ha estado recibiendo ayuda económica de parte del imputado, lo cual es indispensable tanto para el sostenimiento de la madre como para el bebé; por lo cual considera la suscrita que al decretarle la detención provisional al imputado, también se estaría afectando nuevamente a la víctima ya que esta dejaría de percibir la ayuda».
Según autoridades de El Salvador, casos como el aquí descrito son cada vez más frecuentes y complejos, también se registró el de una menor de diez años que sostuvo relaciones sexuales con un hombre de 34, mismo que fue procesado en libertad y actualmente se encuentra a la espera de su juicio en agosto.
Unicef cree que se favorece a violadores
María Teresa de Mejía, especialista del Sistema de Protección de Niñez de Unicef, considera que es urgente que esta reforma que permite el matrimonio entre adultos y menores de edad, cambie.
«El Código de Familia establece que la edad para contraer matrimonio es de 18 años. Sin embargo, el mismo artículo lamentablemente establece como excepción que estando una niña embarazada, entonces puede contraer matrimonio. Esto está vinculado directamente con un problema de abuso sexual, está vinculado con embarazo temprano, la violencia sexual y la terminación escolar de las niñas», indicó Mejía.
Como una «mala interpretación» califica Mejía el beneficiar a los violadores ya que se debería proceder según el marco internacional en el que prevalece la protección a la víctima.
Por su parte, el Parlamento salvadoreño se encuentra estudianto el prohibir el matrimonio infantil. Esto es de suma necesidad según Yenni Acosta, procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia.
«Los jueces pueden decir que no están cometiendo una ilegalidad. Si tuviésemos la derogatoria de este articulado del Código de Familia, los jueces no tendrían ni una ventanita para legitimar un matrimonio adolescente. Tenemos esa ventanita, que de repente es hasta un artilugio de algunas defensas, muchas veces los defensores utilizan ese artilugio para evadir la responsabilidad penal cuando hay una persona procesada por delitos relativos a los derechos sexuales», indicó Acosta.
