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El Ministerio Público de Guatemala solicitó al presidente del Congreso de Guatemala, Óscar Chinchilla, que entregue información en una copia certificada respecto a cuatro legisladores que habían conformado «un grupo coaligado para asociarse con un fin liberal o raccionario».
En la comunicación las autoridades también solicitan detalles del bloque parlamentario y comisión de trabajo a la que pertenecen los legisladores Fernando Linares, Óscar Armando Quintanilla, Jaime Regalado y Julio Lainfiesta.
Y es que el pasado mes de junio trascendió que los cuatro diputados contrataron los servicios de la firma Bernes & Thornburg con el fin de llevar a cabo un lobby con senadores, congresistas y funcionarios estadounidenses ya que no están conformes con el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, y con la presunta persecución judicial que lleva a cabo la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
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Este cabildeo tendría un costo aproximado de USD $80.000 mensuales. Los legisladores negaron que sus intenciones fueran directamente contra el embajador estadounidense, sino que pretendían mejorar las condiciones de los inmigrantes guatemaltecos en territorio estadounidense, así como las relaciones comerciales.
Los legisladores aseguraron que la contratación de los servicios de la mencionada firma la hicieron a título personal, en el documento se indica que firmaron como diputados y como dirección de referencia para recibir notificaciones se plasmó la del parlamento de Guatemala.
Al respecto, la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, reconoció que se realiza una investigación con el fin de verificar si es necesario retirar o no el antejuicio que ya hay en curso.
Aldana detalló que no se puede establecer si los congresistas incurrieron en delito ya que gozan con el derecho de antejuicio, también detalló que la fiscalía inició dicha investigación luego de que ingresara una denuncia ciudadana por medio de la Oficina de Atención Permanente.
Los diputados involucrados indicaron: «Que investiguen lo que quieran investigar, nosotros hemos dicho que estamos de acuerdo en dar la información necesaria y que creamos conveniente», dijo el diputado Jaime Regalado, mientras que Quintanilla manifestó: «Están en su derecho, me preocupa la persecución más por los financistas, pese a que no es un tema de Estado, sino que privado y no hay como obtener acceso, es un documento fuera del país».
Fuente: Prensa Libre
