Según datos oficiales de la secretaría de la Función Pública de México, solamente se recuperan 3 pesos por cada 1.000 (0,15 centavos por cada USD $50) desviados de las arcas del gobierno, esto lo alertó Francisco de la Portilla Sordo, experto en delitos con dinero de procedencia ilícita.
Según Portilla:
“No lo digo yo, son estadísticas de la propia secretaría de la Función Pública: por cada quebranto administrativo, se recuperan sólo 3 pesos de cada 1,000. Entonces vayámonos a ese porcentaje y ésas son las esperanzas de recuperar el desfalco de los gobernadores”.
Respecto a los fondos desviados por los exgobernadores como Roberto Borge en Quintana Roo y Javier Duarte en Veracruz, el experto señala que: “No hay gobernador que firme un contrato, ni funcionario que vaya y deposite dinero público a una cuenta a su nombre, lo cual hace muy difícil que exista una prueba directa” por lo cual no hay vínculo a nombre propio.
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La cantidad de dinero a recuperar en el caso del exgobernador de Veracruz van desde lo estipulado en las imputaciones de la Procuraduría que ascienden a más de 35,000 millones de pesos (USD $1.750 millones) que fueron desviados de partidas estatales y federales, hasta los montos que el congreso de esa entidad ha calculado, como un ejemplo pasó en el 2015 cuando en su Cuenta Pública ese parlamento aseguró que no se comprobaron entre el 2010 y 2016 alrededor de 14,000 millones de pesos (USD $700 millones) que fueron gastados por el gobierno de Duarte.
En el caso del exgobernador Roberto Borge que se encuentra arrestado en Panamá esperando ser extraditado a México, está acusado de dilapidar el patrimonio de la administración de Quintana Roo que equivale a seis veces la superficie de la zona hotelera de Cancún, o 24 veces las dimensiones de Isla Mujeres, esto lo hizo con el fin de beneficiar a su familia, empleados o allegados a su circulo familiar, en cuanto a cargos federales, se le acusa de lavado de dinero.
Por su parte Juan Manuel Portal Martínez (Auditor Superior de la Federación de la cámara de diputados) señaló que “en muchos casos, no hay forma de recuperar los recursos, ya se los llevaron, y aunque se pueda meter a la cárcel a alguien, ¿cómo se le quita ese dinero”.
Fuente: El Economista